Por: Rafael Méndez
La X Cumbre de las Américas, que debía tener lugar en República Dominicana, ha pasado de ser un faro de diálogo continental a convertirse en el epicentro de una sonora derrota diplomática.
Oficialmente pospuesta hasta 2026 debido a «profundas divergencias», esta claudicación es el primer y contundente «efecto dominó» de una política de exclusión impuesta.
El rechazo de países clave como México y Colombia forzó la mano del bloque regional que dijo «No» a la agenda preestablecida, percibida como un intento de alineamiento hemisférico, exponiendo al país anfitrión como un simple ejecutor de una agenda imperial incapaz de sostener la convocatoria.
El destino del evento no se decidió en Santo Domingo ni en ninguna capital latinoamericana, sino en la férrea postura adoptada sobre quién debía sentarse a la mesa.
El principal factor gravitacional que sentenció el evento fue la insistencia, impulsada principalmente por Washington, de excluir a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Esta postura reactivó una división histórica en el hemisferio: la que opone la diplomacia basada en la inclusión, sostenida por el bloque progresista, contra la política de sanciones y vetos promovida por la Casa Blanca y sus aliados, lo cual fue un error de cálculo monumental en el contexto regional actual.
El «eco de la suspensión» resuena con una lección ineludible: la soberanía en política exterior es el activo más valioso de cualquier nación. La suspensión, impulsada por la acción colectiva del Sur global, marca un precedente histórico que señala el fin de las imposiciones unilaterales.
El multilateralismo de las Américas solo puede avanzar bajo el principio irrenunciable de la inclusión total, dejando claro que la exclusión sella, inevitablemente, el destino de la Cumbre al convertirse en un cónclave sesgado.
La dinámica del fracaso fue sencilla. Al vetar a tres naciones, se vetaba de facto la legitimidad del encuentro para representar a la totalidad del continente.
El objetivo declarado de la Cumbre, que era abordar desafíos comunes de seguridad y desarrollo, quedó inmediatamente eclipsado por un debate ideológico sobre la soberanía de los Estados, convirtiendo al evento, antes de empezar, en un foro ideológico parcializado, haciendo inminente el colapso de la asistencia de alto nivel.
En el entramado de esta debacle diplomática, el papel de República Dominicana como anfitrión ha sido objeto de intensa crítica regional. La decisión de la suspensión, comunicada de manera concisa y sin mayor justificación que las «divergencias», reforzó la narrativa de que el país caribeño operó como un mero vocero o ejecutor de una agenda preestablecida, comprometiendo su papel de mediador neutral al ceder a las presiones de la diplomacia estadounidense para mantener la exclusión.
La suspensión, por lo tanto, no se presentó como una decisión soberana para reevaluar la logística, sino como el reconocimiento forzado de que no se podía garantizar la asistencia de peso sin romper con la línea de Washington. El impacto es que RD no solo perdió la oportunidad de un gran escaparate diplomático, sino que su imagen en la región quedó ligada a la claudicación ante la presión. El gobierno dominicano se limitó a informar la suspensión, en lugar de liderar un proceso de negociación que buscara salvar el consenso.
