Cuando las montañas callan: Ocoa, el narcotráfico y el abandono del Estado.
Por: Giovanni Matos.
Las imágenes de las montañas de San José de Ocoa siguen siendo las mismas que durante generaciones han identificado a una de las provincias más productivas de la república dominicana. Allí, entre sembradíos de cebolla, tomate, lechuga y otros cultivos, miles de familias han construido su vida sobre el trabajo honrado de la agricultura. Sin embargo, el reciente hallazgo de más de 18,000 plantas de marihuana en las lomas de El Pinar ha colocado a la provincia en el centro de una discusión que va mucho más allá del narcotráfico: la ausencia prolongada del Estado en extensas zonas rurales.
Sería un grave error convertir este descubrimiento en una condena moral contra Ocoa o contra sus agricultores. Los delincuentes no representan a una comunidad entera. Ninguna provincia puede ser juzgada por las acciones de un grupo criminal, del mismo modo que ninguna ciudad deja de ser honorable porque en ella opere una organización delictiva. La inmensa mayoría de los ocoeños vive del esfuerzo diario y de una cultura agrícola que ha alimentado al país durante décadas.
Lo verdaderamente preocupante no es solo que existiera una plantación de semejante magnitud, sino preguntarse cómo pudo mantenerse durante tanto tiempo sin ser detectada. Una operación de esa naturaleza requiere logística, transporte, financiamiento, vigilancia y una red de apoyo. No surge de la noche a la mañana ni puede sostenerse únicamente con el trabajo de unas pocas personas.
La geografía explica parte del problema. Las montañas de El Pinar presentan condiciones ideales para ocultar actividades ilícitas: caminos difíciles, vegetación abundante y escasa presencia permanente de las autoridades. Pero la geografía nunca puede convertirse en excusa. Precisamente donde el acceso es más complicado es donde el Estado debe fortalecer su capacidad de inteligencia, vigilancia y control territorial.
El narcotráfico ha demostrado, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, que busca instalarse allí donde encuentra vacíos institucionales. Cuando el Estado se retira, el crimen organizado avanza. No importa si se trata de selvas colombianas, montañas mexicanas o comunidades rurales del Caribe. La lógica siempre es la misma: ocupar los espacios donde la autoridad llega tarde o simplemente no llega.
Resulta igualmente necesario evitar otro peligro: la estigmatización. Muchas veces los grandes titulares terminan castigando a comunidades enteras, afectando su imagen, el comercio, el turismo y la confianza en sus productos agrícolas. Los agricultores de Ocoa no pueden cargar con el peso de un delito cometido por organizaciones criminales que utilizan el territorio como escondite.
Este caso también obliga a revisar la política de desarrollo rural. Las comunidades aisladas necesitan más que operativos policiales. Requieren carreteras transitables, presencia institucional permanente, educación, oportunidades económicas, tecnología agrícola y programas que mantengan a los jóvenes vinculados a actividades productivas. Allí donde existen oportunidades legítimas, disminuye el espacio para que prospere la economía ilegal.
La lucha contra las drogas tampoco puede reducirse a destruir plantaciones. Esa es apenas la parte visible del problema. Detrás de cada cultivo existen estructuras financieras, redes de distribución, mecanismos de lavado de activos y organizaciones capaces de reemplazar rápidamente una plantación destruida si el resto de la estructura permanece intacta. Combatir únicamente el cultivo equivale a cortar las ramas mientras las raíces siguen alimentando el árbol.
El caso de Ocoa debe convertirse en una lección nacional. No basta con celebrar un decomiso histórico. El verdadero éxito consistirá en impedir que otro cultivo semejante vuelva a establecerse en cualquier rincón del país. Eso exige inteligencia estratégica, coordinación entre instituciones, participación comunitaria y una presencia constante del Estado.
Las montañas de Ocoa no deben ser recordadas por una plantación de marihuana. Deben seguir siendo símbolo del trabajo agrícola, de la producción nacional y de la dignidad de un pueblo laborioso. El verdadero enemigo nunca ha sido la provincia; el verdadero enemigo es el abandono institucional que permite que el crimen organizado encuentre refugio donde solo deberían crecer los frutos del esfuerzo honrado.
