Por Alfonso Benoit
La soberanía de una nación no puede estar sujeta a interpretaciones convenientes de la historia, mucho menos a pretensiones que desconozcan el derecho de un pueblo a decidir sobre su propio territorio. La República Dominicana tiene una historia, una identidad y una independencia que deben ser respetadas.
Yo, Alfonso Benoit, como ciudadano dominicano, nunca he considerado que Haití me pertenezca ni que su territorio deba formar parte de mi país. Por eso rechazo cualquier pretensión de presentar a la República Dominicana como posesión haitiana. El mismo respeto que reconozco para su soberanía, lo exijo para la nuestra.
Para comprender el origen de este conflicto, debemos remontarnos a 1795, cuando España cedió a Francia la parte oriental de la isla mediante el Tratado de Basilea. Haití todavía no existía como nación independiente, pues su independencia fue proclamada en 1804. Por tanto, aquella cesión colonial jamás representó una entrega del territorio dominicano a los haitianos.
Sin embargo, después de su independencia, los gobernantes haitianos desarrollaron aspiraciones de controlar toda la isla. En 1805, Jean-Jacques Dessalines encabezó una campaña militar hacia Santo Domingo que dejó episodios sangrientos en la memoria histórica dominicana. La Constitución haitiana de 1816 también reflejó una concepción territorial que comprendía la isla entera.
En 1822, Jean-Pierre Boyer entró en Santo Domingo e impuso el dominio haitiano sobre la parte oriental, que se prolongó durante 22 años. Este período dejó profundas consecuencias políticas, económicas y sociales, además de alimentar el movimiento que culminaría con nuestra independencia.
El 27 de febrero de 1844, los dominicanos rompimos definitivamente con aquella dominación. Pero Haití no aceptó inmediatamente nuestra separación. Durante los años siguientes, emprendió nuevas campañas militares para recuperar el territorio perdido, obligando a los dominicanos a defender su independencia en sucesivas batallas.
También hubo operaciones militares dominicanas en territorio haitiano durante aquellos enfrentamientos. La historia debe contarse completa, pero existe una diferencia entre las campañas destinadas a someter nuevamente a una nación y las operaciones desarrolladas dentro de una guerra por preservar su independencia.
¿De dónde surge entonces la idea de que la República Dominicana pertenece a Haití? Principalmente, de aquellas antiguas aspiraciones de unificar la isla bajo una misma autoridad y de los períodos en que sus gobernantes ejercieron control sobre Santo Domingo. Sin embargo, haber ocupado un territorio no significa adquirir derechos perpetuos sobre él.
Hoy, incluso la Constitución haitiana de 1987 reconoce a la República Dominicana como su límite oriental. Eso demuestra que las antiguas pretensiones territoriales no constituyen un derecho vigente, aunque puedan sobrevivir en determinados discursos.
La historia adquiere especial relevancia frente a la crisis que atraviesa Haití y sus consecuencias migratorias para nuestro país. República Dominicana no está obligada a renunciar al control de sus fronteras, aceptar la inmigración irregular ni asumir responsabilidades que corresponden al Estado haitiano. La solidaridad no puede convertirse en una imposición.
Y aquí quiero ser categórico: en su mayoría, la población haitiana considera que la República Dominicana le pertenece y, sobre todo, se siente con derecho sobre el territorio dominicano.
A mi juicio, esa mentalidad tiene profundas raíces históricas. Las antiguas aspiraciones de dominar toda la isla, la ocupación de 1822 y los posteriores intentos de recuperar el territorio dominicano forman parte de un pasado que no podemos ignorar. Considero que aquellas ideas todavía encuentran eco en la mentalidad de la sociedad haitiana, aunque carezcan de legitimidad sobre nuestro territorio.
Lo verdaderamente preocupante es que esa percepción termine convirtiéndose en una supuesta facultad para establecerse en República Dominicana sin respetar las disposiciones migratorias.
Yo estimo que, en República Dominicana, actualmente hay casi nueve millones de nacionales haitianos y que el 90 % o más están en calidad de ilegales. No tienen documentación y, en su gran mayoría, tampoco cuentan con documentos de su propio país. Es decir, en su país de nacimiento no tienen identidad.
Llegan a territorio dominicano y, en su gran mayoría, adquieren identidad de manera mágica. Por eso vemos instituciones que están siendo manejadas casi en su totalidad por nacionales haitianos, pero con documentos dominicanos. Eso yo lo afirmo, y eso es lo que veo a diario, dondequiera que me muevo en mi país, República Dominicana.
Lo que se vive en mi país es una realidad. Estimo que instituciones como la DIGESETT, la CUSEP, la Policía Nacional y el Ejército ya están totalmente contaminadas por la presencia de nacionales haitianos que nacieron o fueron criados en la República Dominicana. Considero que muchos otros cruzaron la frontera, obtuvieron certificados de nacido vivo y, mediante esos documentos, consiguieron posteriormente documentación dominicana.
A esto se suman las denuncias que se han dado a conocer sobre la venta irregular de certificados de nacido vivo en distintas maternidades del país. Son situaciones que considero sumamente graves y que exigen investigaciones profundas, porque estamos hablando de documentos relacionados directamente con la identidad de las personas y con la responsabilidad de las instituciones dominicanas.
Entonces planteo que, en la República Dominicana, los pocos dominicanos que nos preocupamos por esta fusión, por esta invasión y, sobre todo, por la permisividad y lo que considero las traiciones de los últimos gobiernos dominicanos, no podemos permanecer indiferentes ante lo que está ocurriendo en nuestro propio territorio. Esa preocupación no se limita a la frontera: se extiende también a las decisiones que se toman desde el propio Estado dominicano y a la responsabilidad de quienes han gobernado el país durante estos años de permisividad.
Porque la defensa de la soberanía nacional no puede reducirse a discursos patrióticos, celebraciones históricas ni promesas gubernamentales. Debe reflejarse en el cumplimiento de nuestras leyes, en la protección de nuestras instituciones, en la integridad de nuestros documentos de identidad y en la responsabilidad de quienes ejercen el poder.
No reclamo para la República Dominicana un solo centímetro del territorio haitiano. Nunca lo he reclamado. Lo que exijo es exactamente lo contrario: que se respete cada centímetro del territorio dominicano, nuestra Constitución, nuestras leyes y el derecho de los dominicanos a preservar su identidad nacional.
La historia nos recuerda cuánto costó conquistar nuestra independencia. El presente nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo para preservarla y qué responsabilidad tienen quienes, desde el poder, han permitido las situaciones que hoy cuestionamos.
La República Dominicana no le pertenece a Haití. Le pertenece al pueblo dominicano, y ningún gobierno tiene derecho a actuar como si nuestra soberanía fuera negociable.
