El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien ostenta el cargo desde 2016, a partir del 16 de agosto dejará pendiente en la justicia varios casos de presuntos actos de corrupción, cuyos expedientes siguen sin ventilarse debido al cierre de los tribunales a principio de marzo pasado por la pandemia del coronavirus (Covid-19).
Entre los procesos se encuentran los muy conocidos Odebrecht, Súper Tucano y Los Tres Brazos, los cuales están pendientes de fijación de audiencia en el Primer Tribunal Colegiado, el Sexto y Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, respectivamente.
Los tribunales del país solo están conociendo audiencia de manera virtual sobre solicitudes de medida de coerción y revisiones y se espera que a partir del 29 de julio próximo, comiencen a celebrarse las audiencias de manera presencial.
Los expedientes de malversación de fondos y corrupción administrativa que se encuentran en esos tres tribunales incluyen a políticos y exfuncionarios que perdieron sus puestos a raíz de los escándalos.
Con el cambio de gobierno que iniciará el próximo 16 de agosto, Rodríguez dejará de ser la máxima autoridad del Ministerio Público, que es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.
Procurador
El Procurador, de 45 años, es un abogado y político. Durante estos cuatro años, salieron a la luz varios casos de corrupción que aún se mantienen en los tribunales, y otros que quedarán pendientes para quien asuma la dirección del miniserio público.
Rodríguez es licenciado en Derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Tras culminar allí completó tres maestrías en Derecho en La Sorbona (París), La Sapienza (Roma) y la Escuela Superior de Administración Pública (Roma), incluyendo una en Derecho Penal de la Administración Pública con honores máximos. Al momento de su designación como procurador general de la República desempeñaba la función de director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). Fue asesor legal de la Dirección General de Aduanas (2004–2005).
