Una profesora de una escuela secundaria de Richmond (Virginia, EE.UU.) ha sido suspendida después de que prohibiera a una alumna hablar español en clase, informaron la semana pasada medios locales. El centro Thomas C. Boushall, donde ocurrieron los hechos, cuenta con un 44 % de estudiantes hispanos.
En un audio grabado por un estudiante, que parece no estar involucrado en la discusión, se oye cómo la docente le dice a la alumna que es obligatorio hablar en inglés en el aula, a lo que la chica responde que el español es su lengua materna, por lo que considera que tiene derecho a usarlo donde quiera.
En ese momento, la maestra la interrumpe y le espeta: «Bien, vuelve a donde sea ese país de habla hispana y háblalo. Pero cuando estés en Estados Unidos hablarás inglés en las clases que se hablan aquí».
«No sabía que hablar mi propio idioma estuviera mal», dice entonces la joven, a lo que la profesora le contesta que, si quiere hablar en español, puede hacerlo en casa con su familia. Poco después la expulsa del aula.
Indignación en la comunidad latina
La grabación, que se ha viralizado, ha generado indignación, especialmente entre la comunidad latina. En medio de la polémica, el órgano encargado de supervisar los centros educativos de la ciudad anunció este lunes que la docente se encuentra actualmente bajo licencia administrativa, a la espera del resultado de una investigación interna. «El racismo, el fanatismo y la intolerancia de cualquier tipo no serán tolerados en las Escuelas Públicas de Richmond», recalcó el órgano.
«El día que pasó esto mi hija llegó a la casa y se encerró en el cuarto y no paraba de llorar«, explicó la madre de la estudiante en una reunión de la junta escolar. «Nosotros, los padres, tenemos que estar dispuestos a defender a nuestros hijos», subrayó.
Según Rachel Gomez, presidenta de la sección de Richmond de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, se trata de un «problema sistémico» en todo el distrito «que no se está manejando de la forma adecuada».
Por esa razón, solicitó que se cree un grupo de trabajo para supervisar esta situación, al tiempo que pidió que se implemente educación cívica obligatoria para el personal y los estudiantes, argumentando que el audio mostraba claras violaciones de los derechos constitucionales de los estudiantes.
