SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público criticó duramente el auto de no ha lugar emitido por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a favor de los imputados en el caso de la venta ilegal de los terrenos de Los Tres Brazos.
José Miguel Marmolejos, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó la sentencia de » decepcionante y divorciada del derecho” e informó será apelada tan pronto le sea entregada.
La sentencia fue emitida por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, al no encontrar evidencia que puedan comprometer la responsabilidad penal de los imputados en un juicio de fondo.
La decisión favorece a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), así como otros 16 acusados.
“Es una decisión sumamente decepcionante, que nosotros la consideramos completamente divorciada de lo que es el Derecho y que no se corresponde ni con la acusación ni con las pruebas; por esa razón, nosotros estamos determinados a que tan pronto la tengamos por escrito en nuestro poder, vamos a proceder inmediatamente a apelar”, dijo Marmolejos.
Se mostró confiado en que la decisión será revocada por una corte de apelación con un grado superior que la examine.
Además de Almánzar, el auto de no ha lugar favorece a Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de Corde; Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
Igualmente, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público, además, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
