Seis claves de la Ley de la Ciencia, que se enfrenta hoy a la enmienda del PP sobre la temporalidad laboral

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación vuelve este jueves al Congreso —donde fue aprobada el pasado 23 de junio— para su trámite definitivo, interrumpido por la incorporación en el Senado de una enmienda del PP sobre la temporalidad de los investigadores. La norma presenta aspectos fundamentales para incluir en la ciencia española los parámetros del resto de países de la UE.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios a una norma que, según defiende, cuenta con el consenso de la comunidad científica y permite, según afirma, “arreglar fallos del sistema”, “recuperar talento” y preparar el terreno para la jubilación, en la próxima década, de 25.000 profesionales de la ciencia.

Estas son las seis claves:

Presupuesto. La norma establece un incremento estable de los presupuestos públicos para la ciencia hasta alcanzar en 2030 el 1,25% del PIB, en sintonía con las recomendaciones europeas. Supone duplicar los recursos actuales, lastrados por los recortes de legislaturas previas.

Méritos. La norma incluye medidas para igualar los méritos de investigadores que han trabajado en el extranjero a los que han desarrollado la mayor parte de su carrera en España, así como los de quienes han trabajado en universidades y no solo en los organismos públicos de investigación.

Contratos para jóvenes. Los científicos que comiencen su carrera en este campo podrán optar a un nuevo contrato de acceso al sistema público de I+D+i. Será de entre tres y seis años de duración y se aplicará en universidades, organismos, fundaciones y consorcios del sector público. Los beneficiarios tendrán derecho a indemnización, algo que no se daba antes. Asimismo, la norma dispone que los investigadores predoctorales contratados también tengan derecho a una indemnización cuando se les acabe el contrato. El texto define la nueva carrera para el personal técnico y el personal investigador sanitario en hospitales y fundaciones vinculadas a estos.

Menor burocracia. La regulación anterior a la que hoy se vota llegó a tal límite en el control de gastos que impedía la compra de material necesario o no poder gastar los fondos captados y tener que devolverlos. La nueva normativa simplifica la justificación de gastos con fondos públicos y reformula la inspección de los mismos, que se hará por muestreo.

Carrera científica. La norma afronta una de las reivindicaciones más repetidas por los científicos que se han visto obligados a emigrar o que han encontrado en el extranjero un mejor entorno para continuar su trabajo. De esta forma, la ley regula las condiciones para que los investigadores puedan trabajar, emigrar con normalidad y regresar a España con un futuro previsible. El objetivo es frenar la sangría de talento y recuperar a los expatriados o desplazados.

Estabilidad. La nueva regulación crea modalidades de contratación más estables para investigadores y tecnólogos en diferentes momentos de su carrera. El objetivo es acabar con el encadenamiento de contratos temporales hasta bien pasados los 40 años. El sindicato CC OO calcula que, solo en el CSIC, el mayor organismo público de investigación, con 13.500 trabajadores, se pase del 45% de temporalidad al 20%.

El escollo

Aquí es donde se encuentra el único escollo para la nueva ley: una enmienda presentada por el PP en el Senado y apoyada por ERC, Junts, PNV, UPN y Vox. Esta modificación afecta a miles de investigadores con contratos ligados a fondos europeos.

La Ley de la Ciencia establecía inicialmente que todos los investigadores contratados con financiación pública tienen que ser contratados de forma indefinida. Unidas Podemos modificó el texto para limitar la contratación temporal “solo” a aquellos investigadores cuyos contratos estén estrictamente asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el tiempo necesario para la ejecución de esos proyectos.

El PP rechaza esta modificación porque, según defiende, la contratación indefinida de todos los investigadores ligados a proyectos sufragados con fondos europeos podría poner en riesgo la propia supervivencia de muchos centros de investigación. Además, para esta formación política, la propuesta que llegó al Senado supone una forma de discriminación en función de la procedencia de los fondos.

La ministra Morant rechaza la argumentación y afirma que “empeora la ley” al propiciar la temporalidad que la nueva regulación intenta evitar. A la ministra se han unido científicos, asociaciones de investigadores y sindicatos (como la Coordinadora Marea Roja de la Investigación, la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios, o CCOO), que reclaman al Congreso que descarte el cambio incorporado por el PP en el Senado.

Puedes seguir a MATERIA en Facebook, Twitter e Instagram, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.