Desde hace casi dos meses que fue asesinado del presidente haitiano Jovenel Moïse, un devastador terremoto y una apabullante tormenta tropical han desviado la atención pública del crimen.
Si a eso se le agrega la creciente inseguridad debido a la violencia de las pandillas, es de que la investigación sobre la muerte de sentido Moïse está desapareciendo rápidamente de la atención pública.
Incluso para quienes siguen pendientes del tema, se está haciendo evidente que llevar a cabo a los culpables a justicia será imposible en un país donde reina la impunidad. Tampoco ayuda el hecho de que Moïse era detestado por buena parte de la población.
El asesinato parece destinado a sumarse a una larga lista de crímenes sin resolver en Haití, como la del periodista Jean Dominique en el año 2000 o la del prominente abogado Monferrier Dorval el año pasado.
“La posibilidad de hacer justicia para Jovenel es nula”, declaró Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, uno de los grupos de derechos humanos más destacados en Haití e integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
A pesar del pesimismo de Esperance, su grupo publicó un informe detallado sobre el magnicidio del 7 de julio, según el cual un equipo de mercenarios colombianos penetró en la residencia privada del presidente en una ladera sobre Puerto Príncipe, mataron a Moïse e hirieron a su esposa.
El informe documenta el arresto de sospechosos hasta el momento, entre los cuales se encuentran los encargados de la seguridad de Moïse. “Los autores intelectuales y materiales del asesinato pudieron contar con el apoyo de al menos dos jefes de seguridad presidencial”, dice el informe.
Pero también insinúa que el primer ministro Ariel Henry, el ministro de Justicia Rockefeller Vincent e incluso Martine Moïse, la viuda del presidente, saben mucho más sobre el asesinato de lo que han revelado.
El grupo dice que su informe se basó en apuntes tomados por los magistrados de paz que realizaron la etapa inicial de la investigación y en conversaciones con los arrestados. Preguntado sobre otras fuentes, Esperance no respondió.
El informe alega que el primer ministro sostuvo varias conversaciones telefónicas, incluso la mañana del asesinato, con Joseph Badio, un exfuncionario de justicia que ahora es un sospechoso principal del crimen. Cuando se le preguntó a Henry sobre Badio en una entrevista radial reciente, dijo que lo conocía y lo defendió.
«La idea de defender públicamente al tipo es algo peculiar, y descartar de plano la posibilidad de que estaba implicado constituye una injerencia evidente en la investigación», dijo Robert Fatton Jr., experto en Haití y profesor de ciencias políticas y asuntos exteriores en la Universidad de Virginia. “Cuando el primer ministro dice que no tuvo nada que ver, es una señal a los demás de que no deben hablar de ello”.
Henry dedica buena parte de sus declaraciones públicas últimamente a las operaciones de rescate tras el terremoto, ero el lunes aparentemente aludió a la crisis política.
“Todos los sectores deben unirse para hallar un consenso”, tuiteó Henry. “Por eso los invito a conversar para sacar al país del feo impasse en que se encuentra, hablar sobre las raíces de los problemas hasta que hallemos un acuerdo que nos permita salir de esta crisis”.
