El exdirector del Instituto Nacional de aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez, mostró ayer al juez de la Instrucción Especial del caso Odebrecht, que quien adjudicó y le autorizó contratar al consorcio integrado por Odebrecht para el proyecto Acueducto de la Línea Noroeste fue el expresidente Hipólito Mejía.
Mostrando como elementos de prueba reportes del desaparecido periódico El Siglo así como decretos y poderes que le otorgó el entonces presidente Mejía, la defensa al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) negó que él haya recibido soborno para adjudicar el proyecto.
Claudio Stephen mostró que fue durante la primera administración del expresidente Leonel Fernández cuando se adjudicó en modalidad de contrato grado a grado a la también empresa brasileña Andrade Gutiérrez y su contra parte dominicana, Hidráulica Agrícola Civil (Haicivilca) pero que esa adjudicación directa generó muchas reacciones en contra, por lo que una vez Hipólito Mejía fue juramentado como presidente, el 12 se septiembre del 2000, lo anuló y convocó a una licitación.
La defensa mostró, además, que para tales fines, se emitió el decreto 154-01 que designa una comisión de asesores hidráulicos, quienes fueron los que recomendaron al Poder Ejecutivo contratar al consorcio formado por Odebrecht y Amina.
Luego de la recomendación de los asesores y de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el presidente le remite un poder a Roberto Rodríguez que le autoriza a firmar el contrato de adjudicación de la obra al consorcio.
‟“Esa es una responsabilidad mía, no ha sido pero va a ser asignado y yo soy quien voy a dar el punto final”, dijo el expresidente según relata la edición del periódico de fecha 24 de junio del año del 2001.
El abogado Stephan quitó credibilidad a las declaraciones del exgerente de Odebrecht, Marco Vasconcelos Cruz, debido a que él no tuvo nada que ver con ese proyecto puesto que quien firmó o era gerente de la compañía en el país para entonces, era Marcelo Jardim. En referencia al cheque que la empresa Arma, propiedad del empresario Ángel Rondón Rijo, emitió a Esther Jiménez Cruz, cuñada del exfuncionario público, el abogado explicó que es insostenible afirmar que dicha transacción era producto de un soborno para la adjudicación del acueducto por dos razones
La primera de las razones por las que el abogado de Rodríguez restó credibilidad a las declaraciones del gerente de Odrebrecht es que, según dijo, los documentos mostrados y depositados al tribunal demuestran que Rodríguez no tuvo incidencia en la adjudicación y segundo, porque ese cheque se emitió en el año 2009 y el contrato con Odebrecht fue en 2002.
Argumentó que en ningún momento el Ministerio Público llamó a Jiménez Cruz a fin de interrogar o cuestionarle por qué o para qué fue la transacción y que tampoco pudo demostrar que ese dinero fue canjeado o depositado al exfuncionario.
“Magistrado, es decir que el Ministerio Público quiere que usted envíe a juicio a una persona que supuestamente se va a autoincriminar, cuando sabemos que esa testigo, aun fuera verdad todo eso, que no lo es, perfectamente puede decir ese día en juicio: yo hago uso de mi derecho a guardar silencio”, refirió el abogado.
Francisco Campo, quien también integra la barra de defensa, cuestionó que el órgano investigador impute de falsedad en declaración jurada el que Rodríguez omitiera colocar en su declaración jurada que tenía acciones en una empresa.
Explicó que esa situación no constituye un ilícito penal sino una falta que conlleva sanciones administrativas. De igual manera justificó, tomando las pruebas depositadas por el Ministerio Público, el incremento patrimonial de Rodríguez entre el año 2005 y 2010 con los ingresos que obtuvo como legislador y hombre de negocios.
Fuente: Diario Libre
