Abogados y personas que fueron afectadas por las acciones de la fiscalizadora de Villa Vásquez, Carmen Liset Núñez Peña, y a quien un juez de Atención Permanente de esta provincia varió la medida de coerción consistente en seis meses de encierro preventivo por prisión domiciliaria, albergan el temor de que ella escape.
Las personas que opinaron dicen que es probable que no lo vuelva a intentar por aeropuertos, pero que lo puede hacer por la frágil frontera dominico-haitiana, muy cerca de Monte Cristi.
La decisión del juez favorece a la vez a cinco exmiembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a los que se les suspendió la prisión por presentación periódica al Ministerio Público y garantías económicas de 40,000 pesos a cada uno.
Periodistas estuvieron ayer en los alrededores de la vivienda de la renunciante fiscal ubicada cerca del cuartel de Monte Cristi, donde cumplía prisión, pero permanecía cerrada.
El procurador de la Corte de Apelación de Monte Cristi, Antonio Báez Tapia, dijo que “lo más importante en esto es que el Ministerio Público ha mantenido la misma postura de rechazo a que se variara la medida de coerción a la ex fiscal y a cinco antiguos agentes del organismo antinarcóticos.
El representante del Ministerio Público en esta provincia refirió que su posición se basa en que no han variado desde el inicio del proceso.
A este respecto, comentó que el motivo que hubo para enviarlos a prisión preventiva fue el daño causado a la sociedad, a los particulares y la no garantía de presentarse a los casos procedimentales.
Apelarán
A la renunciante fiscal, el juez de la Oficina de Servicios en Atención permanente del Distrito Judicial de Monte Cristi, César Núñez, varió la medida de coerción de privacidad de su libertad por prisión domiciliaria y a los cinco miembros de la DNCD por una garantía económica de 40,000 pesos a cada uno y presentación periódica al Ministerio Público. Los fiscales esperan la notificación para apelar.
