Los tribunales móviles serán reactivados y se depurara de un listado de 58 privados de libertad de la cárcel de la Victoria, a los internos con vulnerabilidad extrema de salud, para su potencial cambio de modalidad de la pena o de la medida de coerción.
Así se estableció en la Mesa de Trabajo Permanente del Sistema de Justicia de la República Dominicana, que realizó un descenso este lunes al centro de privación de libertad de La Victoria.
En la visita se afinó los detalles para el inicio del plan estratégico “Optimización del Proceso Penal”, con el que las autoridades se plantean la mejoría en el abordaje de la justicia penal y contribuir a descongestionar el sistema penitenciario.
Se trata de la cuarta reunión entre el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), la Defensa Pública, la Pastoral Penitenciaria, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, que han diseñado un programa “de urgencia” para acelerar las mejoras en el sistema penitenciario.
La iniciativa busca, de forma inmediata, asistir a personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad y, con un abordaje más estructural, viabilizar la descongestión de los recintos penitenciarios, tomando como punto de partida La Victoria, ubicada en el distrito municipal de igual nombre, en Santo Domingo Norte.
Como parte de los avances hacia estas metas, la DGSPC recibió de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) una lista 58 nombres de personas privadas de libertad para fines de evaluación médica urgente por condiciones delicadas de salud, con miras a potenciales cambios de modalidad de la pena o de la medida de coerción, según el caso.
Este es un proceso que se ajustará a los debidos procedimientos de supervisión y validación. Además, 171 nombres, con el propósito de depurarlos en aspectos de ubicación y condición jurídica.
En la actualidad, La Victoria acoge a 7,677 personas privadas de libertad, de las cuales el 48% cumple condena y el 52% agota prisión preventiva como medida de coerción.
Además de validar la identificación, evaluación y depuración de las personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, previo a aplicar la medida judicial que corresponda, las autoridades tienen como objetivo la agilización del proceso que se agota para la ejecución de las órdenes de libertad.
Como parte del plan de “Optimización del proceso penal», la SCJ reactivará las operaciones de los tribunales móviles en el centro penitenciario más poblado del país, para lo cual ya las autoridades penitenciarias habilitaron los espacios correspondientes para recibir a los jueces asignados.
