Un grupo de parlamentarios alineados con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, pidieron este jueves a la Fiscalía General que investigue posibles fraudes en los comicios ganados por el ahora presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.
La demanda se apoya en un informe elaborado por el Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas usadas en Brasil desde 1996, que jamás han sido objeto de denuncias de fraudes, pero que según Bolsonaro los propician y pudieran haber ocurrido en las elecciones de octubre pasado.
De acuerdo con la fiscalización realizada por los militares en las urnas los días 2 y 30 de octubre, cuando se celebraron la primera y la segunda vuelta de las elecciones, no fue hallado nada que pueda indicar fraudes, pero tampoco puede afirmarse que no ocurrieron.
Según el Ministerio de Defensa, el informe elaborado por sus técnicos “no excluye la posibilidad de fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas”, pese a que señala su “conformidad” con el resultado de las elecciones, ganadas por Lula con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales sobre Bolsonaro.
El Tribunal Superior Electoral (TSE), por su parte, ya ha puesto un punto final a las polémicas y garantizado que los comicios fueron “limpios y transparentes” y sentenciado que no existen dudas sobre el proceso, que fue avalado por todas las misiones de observadores independientes, tanto nacionales como internacionales.
No obstante, según el senador Luis Carlos Heinze, uno de los promotores de la demanda presentada ante la Fiscalía General, ha sido “un proceso electoral tan conturbado, que dirimir posibles dudas es un deber del Estado”.
Bolsonaro, diez días después de las elecciones, todavía no ha terminado de reconocer claramente su derrota, aunque el Gobierno ya lleva adelante, desde la semana pasada, el proceso de transición con el equipo designado por Lula para ese fin.
Aún así, desde el día después de las elecciones, numerosos grupos de ultraderecha insisten, sin prueba alguna, en que la victoria de Lula fue producto de un fraude y siguen acampados a las puertas de cuarteles del Ejército, exigiendo un “golpe militar” que impida la investidura del líder progresista, prevista para el 1 de enero.
El informe
Las Fuerzas Armadas respondieron este jueves a la Justicia electoral y precisaron que el informe sobre la fiabilidad de las urnas “no excluye la posibilidad de fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas”, pese a haber expresado la víspera su “conformidad” con el resultado de las elecciones en Brasil.
Los militares divulgaron este jueves un comunicado para “evitar distorsiones de contenido” sobre el informe presentado ayer ante la Justicia Electoral sobre el resultado de los comicios, el cual resultó en la victoria del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva frente al mandatario Jair Bolsonaro.
El comunicado fue una respuesta velada al Tribunal Superior Electoral. La institución, sin embargo, precisó este jueves que aunque el trabajo de los militares en la fiscalización del sistema electrónico “no haya apuntado” la existencia de fraude o inconsistencia en las urnas, “tampoco excluye” dicha posibilidad.
Los militares insistieron este jueves en que no pueden afirmar que el sistema “está exento de la influencia de un eventual código malicioso que pueda alterar su funcionamiento” y solicitó que la Justicia electoral adopte medidas para facilitar la inspección de las urnas.
El presidente Jair Bolsonaro lideró una campaña de descrédito del sistema de votación de Brasil, levantó sospechas de que era posible un fraude y llegó a amenazar con que las elecciones no se celebrarían si el voto no tuviese un comprobante en papel, una propuesta que fue rechazada por el Congreso.
El presidente electo se pronunció este jueves sobre el informe de las Fuerzas Armadas y exigió a Bolsonaro que pida “disculpas” a la sociedad por “todas sus mentiras” y sus ataques infundados contra el sistema electoral.
“Fue una cosa humillante, deplorable para las Fuerzas Armadas”, afirmó Lula sobre el informe.
“El presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no tenía derecho a poner a los militares a investigar elecciones” para llegar a un “resultado humillante” para el propio Ministerio de Defensa, sostuvo.