Santo Domingo. – La Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Dirección General Bienes Nacionales y la Universidad del Caribe lanzó la Norma Para la Gestión de los Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en el Estado dominicano.
Esta iniciativa categorizada como NORTIC A8, tiene como objetivo dictar los parámetros para la compra, uso y disposición final de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), a través de estándares y políticas regulatorias para mitigar sus efectos nocivos al medio ambiente.
El director general de OPTIC, ingeniero Armando García, enfatizó que el cumplimiento de los estándares exigidos en la nueva norma serán obligatorios para toda la administración pública y resaltó que se trata del primer paso hacia un cambio de cultura y paradigmas relacionado al manejo de residuos en el Estado.
De su lado, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez, destacó la importancia de esta normativa, la cual viene a regular sobre todo, los residuos electrónicos en las instituciones gubernamentales, lo que impactará favorablemente en la preservación del medioambiente así como en la concienciación de los servidores públicos sobre un adecuado destino final de estos desechos.
A partir de hoy, las instituciones tendrán un plazo hasta enero de 2020 para la programación de su estrategia y compras sostenibles. En esta primera etapa del proceso, Contrataciones Públicas tendrá el rol de racionalizar las compras de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos por parte del Estado, logrando que un porcentaje de las adquisiciones correspondan a equipos que puedan cumplir con el objetivo final “protección del ambiente”.
En una segunda etapa, la Dirección General de Bienes Nacionales trabajará junto a las instituciones para realizar el descargo de los AEE, que luego se pondrán en subasta pública por lotes de RAEE a empresas o gestores debidamente registrados y que cuenten con la licencia ambiental que emite el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Tenemos un gran compromiso con esta normativa, el impacto será muy alto y es la razón por la que más de un organismo se encuentra involucrado, además de que tenemos la representación del sector privado y la academia con la Universidad del Caribe que ha sido nuestra principal aliada”, destacó Armando García.
Asimismo, el rector de Unicaribe, José Alejandro Aybar, MA, planteó que “Todas las instituciones, públicas y privadas, tienen el deber de trabajar para prevenir y minimizar los impactos adversos al medio ambiente”.
