Las colombianas y venezolanas rescatadas de una red de explotación sexual internacional mediante la Operación Cattleya, eran ofertadas a través de catálogos enviados a los “clientes” vía WhatsApp o a través de redes sociales; en ellos se establecían las tarifas de los “servicios” por hora y lugar.
Los integrantes de la red tenían varios apartamentos en el Residencial Coco Real, ubicado en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, para comercializar a las mujeres. También vendían las “Cattleyas” en la capital dominicana; en el Hotel Caribe y en el Hotel Oscar Inn (ubicado en las cercanías del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva). Operación Cattleya
De acuerdo con el relato del Ministerio Público, si el cliente lo deseaba, las víctimas eran llevadas al domicilio requerido, pero siempre bajo la supervisión de uno de los miembros de la red y dependiendo el tiempo con una de estas muchachas, los clientes pagaban desde 200 a 2,000 dólares.
Dicen los investigadores que rescataron más de 80 mujeres, las cuales eran obligadas a sostener relaciones sexuales con los clientes para sacarles beneficios económicos.
Más detalles del caso
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra 10 imputados venezolanos, colombianos y dominicanos. Operación Cattleya
La operación cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional.
También, con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, de las ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), Destiny Rescue y Anti Trafficking Bureau (ATB).
Johanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, explicó que las acciones contra la trata de personas responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito contra el crimen transnacional.
Bejarán Álvarez indicó que en la operación participan 25 fiscales, más de 200 agentes de la Policía Nacional y más de 50 técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas.
Durante los operativos, los equipos ocuparon sustancias controladas, como marihuana y drogas sintéticas.
“Debemos agradecer la cooperación de otros países en esta operación, en especial la de Estados Unidos, una nación que en su informe de este año sobre la trata de personas reconoce que, aunque debemos superar limitaciones, las autoridades de República Dominicana realizamos esfuerzos sostenidos para luchar contra delitos como la trata y el tráfico sexual”, dijo Bejarán Álvarez.
Como parte de la operación Cattleya, el Ministerio Público investiga al menos a 14 personas por la comisión del delito de trata, incluyendo a dos procedentes de Colombia y seis de Venezuela.
En la zona de Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.
Una vez traídas al país, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre US$3,000 y US$4,000 con las redes que las movilizaban.
