La acusación del caso Medusa ha revelado la falta de voluntad de las autoridades para bloquear las señales de celulares desde las cárceles, lo que ha permitido que redes criminales puedan seguir operando desde los recintos penitenciarios.
En el expediente hay varias certificaciones de las autoridades penitenciarias que dan cuenta de que en ninguno de los centros penitenciarios existen bloqueadores de señales telefónicas, y que pese a los reclamos de algunos sectores, en la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República (PGR) se adquirieron tres, aunque “a estos dispositivos se les dio un uso distinto a los que fueron solicitados”.
El expediente establece que estos tres dispositivos están en poder de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en condición de evidencia para el caso Medusa. Mientras, los diferentes centros penitenciarios siguen careciendo de esta herramienta contra el crimen.
son los bloqueadores que tiene la Procuraduría y ninguno está funcionando en cárceles.
“La Dirección General de Prisiones certifica que no tienen ningún Centro de Privación de Libertad (CPL) con equipos Bloqueadores de Señales de servicios telefónicos celulares.
Evidenciándose que a pesar de que la Procuraduría General de la República, en dos ocasiones, compró tres bloqueadores de señal con el fin de ser enviados a los Centros Penitenciarios y Cárceles de la República Dominicana, no se realizaron las entregas correspondientes.
A estos dispositivos se le dio un uso distinto a los que fueron solicitados, por acciones dolosas de Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jean Alain Rodríguez Sánchez”, establece la acusación del Ministerio Público.
Indica que de los tres bloqueadores de señales adquiridos por la Procuraduría, dos de ellos fueron destinados al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) para trabajos de seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez, mientras que el otro fue utilizado en una propiedad privada del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Más de seis millones
La Procuraduría adjudicó la compra de los bloqueadores a dos compañías; Grupo Cheyrodz S.R.L. y Aldelay Groupe S.R.L. Lo hizo entre 2018 y mayo del 2020. Esos procesos de compra son cuestionados en la acusación Medusa, debido a presuntas irregularidades. En la compra se gastaron más de 6 millones 698 mil pesos.
“En los registros existe el contrato de suministro de bienes No. 0095/2019… a través del cual la razón social Grupo Cheyrodz S.R.L. se comprometió a suministrar dos bloqueadores de señal por un monto ascendente RD$2,724,313.89”. El tercer bloqueador fue adjudicado a la empresa “Aldelay Groupe S.R.L. (único participante), por un monto de RD$3,974,159.76”, dice el expediente.
Promesas
A principio de su gestión, en septiembre de 2020, el presidente Luis Abinader, reconoció que “los crímenes se están organizando desde las cárceles de la República” y se comprometió a hacer esfuerzos para mejorar el sistema penitenciario. Además prometió que el Gobierno buscaría la forma de bloquear las llamadas de celulares desde las cárceles hasta que se complete la reforma del sistema penitenciario.
