Los representantes de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos avanzaron este miércoles con la lectura de los hechos delictivos que les atribuyen a los 14 apresados durante los 18 allanamientos de la Operación Larva, y por los cuales solicitan 18 meses de prisión preventiva, además de declaratoria de complejidad del caso.
La lectura de los hechos o relato fáctico se tomó dos audiencias, pues a pesar de que muchos de los abogados pedían que se diera por leído (estipulado) el expediente para avanzar, un grupo se opuso y el tribunal tuvo que ordenar la lectura íntegra.
Los abogados esperan que hoy terminen de leer en la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal el legajo de pruebas del expediente.
A partir de mañana jueves los abogados de los implicados deben responder a las imputaciones que el Ministerio Público hace en contra de sus clientes. Dispondrán del viernes, en caso de que sea necesario. También tienen la oportunidad de presentar los presupuestos de arraigo con la finalidad de evitar la imposición de la prisión preventiva.
Entre los apresados en el marco de la Operación Larva están Domingo Ventura, Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o el Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).
Los hechos leídos
El Ministerio Público establece que los sometidos son miembros de una red que invertía las ganancias obtenidas del narcotráfico en el sector inmobiliario, y alegadamente utilizaban a familiares de los principales miembros de la estructura y compañías fantasmas para adquirir inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.
Insisten en que los miembros de la red supuestamente adquirían inmuebles de alto costo a título personal, no acorde con el perfil económico reportado por las entidades oficiales como Tesorería la Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Pero además, dicen las autoridades, que los miembros de la organización se enviaban remesas entre ellos mismos como una forma de circular dinero a través de operaciones “pitufeadas”.
El órgano persecutor asegura que el presunto entramado criminal está vinculado a una red de narcotráfico denominada Corona, que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (el Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.
