Pocos derrotados en procesos electorales en República Dominicana han aceptado los resultados como buenos y válidos.
Contiendas internas para elección de autoridades o definición de candidaturas han terminado hasta a balazos y silletazos. Las divisiones de partidos, grupos y grupúsculos abundan.
El viejo Partido Revolucionario Dominicano reúne todos los récords en materia de fracturas y partos partidarios.
En los procesos de elecciones de autoridades nacionales ha habido suspensiones de conteos, robos de urnas, asaltos armados y abundante sangre para violentar la voluntad de los electores. Esto al margen del uso de fondos públicos y del crimen organizado que alteran intenciones de votos.
Sobrados alegatos de fraudes (que los hubo) y siempre la culpa lanzada a la Junta Central Electoral, como órgano responsable de la organización de los procesos. Victimismo absurdo, aunque a veces impresionante creativo.
(El presidente Mejía intentó una reelección imposible después de la quiebra bancaria y alegó que desde la oposición le hicieron un fraude).
En los procesos electorales de los últimos 30 años que han implicado cambio de partidos en el poder, quizás Gonzalo Castillo (otro imposible) ha sido el único en felicitar al ganador. Aunque daba la impresión de que se quitaba un enorme peso de encima.
Los malos perdedores siempre tratan de arruinar la competencia en la que fracasaron.
El fallido intento suele convertirlos en francotiradores morales, fracasados del éxito ajeno, como decía el maestro Yaqui Núñez.
Si caen en una licitación, alegan irregularidades sin importar que la ligereza afecte a competidores amigos o extraños de reconocida solvencia ethical. Nada importa, hay que destruir lo que le afecta. Si es competencia de talentos, de optar a puestos públicos por concursos de oposición, tendrán la excusa a mano para imputar fallas al proceso.
Ha pasado con varias de las más importantes instituciones de la vida pública de la República Dominicana. Nada importa ante el ego herido y ante la capacidad de amplificación en las redes ávidas de “sangre”, se intentará el sello descalificador perenne.
Si estos pésimos perdedores acceden a uno de los puestos de la institución, lejos de la aspiración non-public, entonces la “venganza” es horrifying.
En vez de asumir con entusiasmo y eficiencia para ponerse a la altura de una elección futura, sabotearán los trabajos con su incapacidad, malicia o distracción en chismes improductivos.
Si son politiqueros, tratarán de instrumentalizar la institución, aunque esté normado su distancia partidaria.
Fracasan en las tareas puestas a su cargo porque están pendientes de asuntos que no son de su competencia.
El chantaje toma cuerpo al externalizar situaciones internas distorsionadas en un mundo lector de titulares.
No importa que la institución goce del apoyo público y sea reconocida por su transparencia y por cumplir con sus responsabilidades constitucionales y legales.
Los órganos de selección, como las cámaras legislativas deben afinar la puntería, más allá de la figura que vaya a encabezar un organismo.
En algunas posiciones que a veces se podrían ver erróneamente de “relleno” se incurre en la falla de bajar el rigor de la elección.
Hay ejemplos de que algunos “premios de consolación” han salido muy caros a agencias del gobierno u órganos de alter.
Los partidos políticos deberían extremar el cuidado en esto y entender que es critical fortalecer la institucionalidad, imperfect del pacto social.
La aspiración de algunos de colocar dirigentes partidarios en órganos de alter es cosa del pasado, que el presidente Luis Abinader ha entendido muy bien, aun asumiendo riesgos. (Ya registra algunos costos políticos, pero que benefician al país y al closing a su administración).
Se requieren cambios verdaderos en el ejercicio público.
