La Declaración de Caracas, emitida tras la Conferencia sobre la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, realizada en la capital venezolana, del 11 al 14 de noviembre de 1990, marcó un cambio significativo en el modelo de atención a la salud mental y fue el comienzo de las reformas más significativas en Latinoamérica en ese sector.
República Dominicana fue uno de los primeros países en acoger el contenido de las reformas sugeridas, una de ellas la eliminación del manicomio que funcionaba en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, dando paso a la puesta en servicio allí de un Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS), que dispensara un trato humano a los pacientes con diversos trastornos mentales.
El país instaló luego unidades de intervención en crisis (UIC) en los principales hospitales, donde pacientes bajo descompensaciones emocionales o enfermos deambulantes podían ser internados por 10 días para ser diagnosticados y definir el tratamiento a seguir.
Con estos dos recursos a la mano, se puso en ejecución un protocolo que permitía recoger los enfermos mentales de las calles, internarlos por 10 días en una UIC, devolver a sus familiares a aquellos con hogar y finalmente alojar en el CRPS a los que no tenían parientes.
Los servicios de salud mental con un enfoque comunitario comenzaron a hacerse realidad con la inauguración, el 18 de febrero de 2019, del Centro de Atención Sicosocial y Desarrollo Humano (RESIDE), una iniciativa del Despacho de la Primera Dama, dirigido por Cándida Montilla de Medina.
RESIDE funciona como un hospital de día en “La Nueva Barquita” del municipio Santo Domingo Norte, donde residentes en ese sector y otros aledaños reciben consultas, terapias, medicamentos y orientación en salud mental.
Fue lo que soñó el psiquiatra suizo Adolf Meyer, considerado el padre de la terapia ocupacional y quien planteó que las condiciones sociales tenían una influencia importante en la aparición de la enfermedad mental, por lo que propuso una atención en esa área desde las propias comunidades.
Todos esos logros permitieron que República Dominicana se convirtiera en un modelo de atención en salud mental en la región, lo que ha sido reconocido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Yo que como periodista he dado seguimiento a la realidad de la salud mental en el país, a partir de la serie de reportajes que escribí para Listín Diario titulada “En la piel de la locura”, en noviembre de 2016, he notado con preocupación cómo todas esas conquistas podrían perderse, en un momento que deberían fortalecerse por las secuelas psicosociales y económicas que ha dejado la pandemia del Covid-19.
Cuando irrumpió el SARS COV 2 en el país, las camas de las UIC fueron utilizadas para asistir a pacientes contagiados con el virus, una decisión correcta porque esa era la prioridad.
Sin embargo, ya con la pandemia atenuada y prácticamente en una situación de normalidad, muchas de esas camas no han sido devueltas para asistir a personas con crisis psicoemocionales.
Hace poco más de un mes hubo denuncias de deterioro de servicios en el CRPS y la preocupación de personas vinculadas al sector de que podría retornar la etapa superada del manicomio, un recuerdo nefasto en materia de asistencia psiquiátrica.
El director de RESIDE, José López Mena, la semana pasada denunció deterioro de los servicios en el centro, pero la respuesta del gobierno no ha sido atender sus quejas, sino, en una demostración de intolerancia, desvincularlo de la entidad.
La desagradable estampa de ver enfermos mentales deambulantes en calles y avenidas del país, algunos desnudos, vuelve a ser frecuente, y nada se hace pese a que vídeos virales muestran en redes sociales esa cruel demostración de insensibilidad y falta de empatía.
Y lamentable que esto ocurra cuando psiquiatras y psicólogos reportan una mayor demanda de servicios por depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastorno del estrés post traumático, bipolaridad, sicosis y otros males psicoemocionales, atribuidos en gran parte a los estragos de la pandemia del Covid. A esto se añade la cifra preocupante de que en los últimos diez años se han registrado en el país un promedio de tres suicidios cada 48 horas.
Fue lo que profesionales de la conducta vaticinaron que ocurriría, lo que nunca pensamos que nos encontraría con las herramientas para enfrentar esa realidad tan diezmadas, por la indiferencia y falta de atención oficial al área considerada históricamente la cenicienta del sector salud.
Si las autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud (SNS) asumen la ley mordaza, el hermetismo y la retaliación ante las denuncias de deterioro en los servicios de salud mental, en poco tiempo veremos desvanecerse aquellos logros fruto de las directrices que asumimos hace 32 años con la Declaración de Caracas.
Una de las advertencias a los países participantes de la histórica conferencia celebrada en la capital venezolana, fue evitar crear condiciones desfavorables que pongan en peligro los derechos humanos y civiles del enfermo mental.
Las condiciones que se observan, actualmente, con la atención en salud mental en reversa.
