La fundación y la familia del héroe nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó fijaron su postura sobre el acta de defunción emitida por la Junta Central Electoral (JCE), a casi 50 años del fallecimiento del expresidente de la República, en la que se establece que la causa de muerte fue homicidio por impacto de bala.
La compañera de Caamaño Deñó, Vicenta Vélez; su hija menor Tania Quisqueya Caamaño Vélez; su nieto Salvador Paradas Caamaño; el presidente de la fundación en el Distrito Nacional, Tony Cabrera; el titular de la filial de Santo Domingo Este, Reinaldo Torres y el hijo de Claudio Caamaño Grullón, Claudio Caamaño Vélez, vicepresidente ejecutivo de la entidad, ofrecieron la información durante una rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Colegio Dominicano de Periodistas, en la que destacaron el mensaje que envía la emisión oficial del documento.
Vicenta Vélez destacó que el pueblo dominicano debe saber la importancia que tiene la referida acta de defunción, porque han pasado 50 años para decir que Caamaño Deñó murió, situación que definió como histórica.
“En ese documento se establece que Caamaño murió por homicidio por impacto de bala, lo que quiere decir que fue un crimen, porque en este país no hay fusilamiento ni hay pena de muerte. Si murió porque fue herido de un balazo fue un crimen de Estado y hay que establecer quiénes fueron, cómo fue y qué se hizo para que eso sucediera”, argumentó Vélez.
En ese sentido, dijo que la información oficial de la muerte del líder de la Revolución de Abril de 1965 abre las puertas de una investigación al respecto, así como de sus compañeros que fueron asesinados.
“Es hora ya de que, si este país está cambiando, comencemos a hacer justicia con los hombres y las mujeres que han dado su vida, y ha hecho un esfuerzo para que podamos llegar a donde estamos ahora”, sentenció.
De su lado, Claudio Caamaño Vélez precisó que el Estado es solidariamente responsable por el crimen, del que tardó casi medio siglo en oficializar.
“Francisco Alberto Caamaño fue capturado vivo y era un prisionero de guerra, protegido por la Convención de Ginebra, y se le ejecutó. El Estado dominicano lo asesinó y hay que hacer justicia, no solo penal, sino también histórica”, indicó.
Resaltó que los crímenes de Estado son imprescriptibles, por lo que la familia está en conversaciones con abogados para determinar el accionar, que de principio incluye un acercamiento al Ministerio Público y el Poder Ejecutivo para ver si el Estado se aboca a conocer el caso; de lo contrario, recurrían a instancias internacionales en busca de justicia.
Además, abogó para que en el país se cree un tribunal de la verdad, argumentando que no se ha hecho justicia con muchos casos como el asesinato de las hermanas Mirabal, del periodista Orlando Martínez, y con los crímenes del dictador Rafael Leonidas Trujillo y del exmandatario Joaquín Balaguer. Finalmente, valoró la gestión de la JCE y en especial de la magistrada Dolores Fernández por asumir con responsabilidad una investigación para crear un expediente del que posteriormente emanó el acta de defunción.
