El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo temer por su vida ante una serie de amenazas públicas que ha recibido por parte de imputados en el caso Odebrecht.
En un misiva enviada al presidente de la República, Luis Abinader, el exprocurador dijo que tanto Ángel Rondón como Víctor Díaz Rúa, han dicho abiertamente, y en medios de comunicación, su intención de agredirlo y hasta asesinarlo.
“Pongo en su conocimiento la grave situación que atenta contra mi vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta, durante el programa Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal”, indicó Rodríguez.
En ese sentido, recordó que Rondón fue sometido a la justicia durante su ejercicio como procurador general en el período 2016-2020.
Además de Rondón, dijo que también es de “alta preocupación” las constantes amenazas de agresión física por parte de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y también imputado del caso Odebrecht, “quien en fecha 8 de febrero del 2021, frente a numerosos periodistas, expresó su intención de agresión física en cualquier momento próximo”.
Argumentó que no se habría expresado de esta manera, si se tratara de ciudadanos sin historial criminal o delictivo.
En ese sentido, recordó que ambos imputados son del interés de Estados Unidos. En el caso de Rondó, dijo que las autoridades estadounidenses “han manifestado su interés formalmente de tenerlo” y lo colocaron dentro de un listado de criminales sancionados bajo la Ley Global Magnistky, siendo el segundo en la lista, por sus acusaciones de “escandalosos actos criminales”
Mientras que Díaz Rúa “también es de altísimo interés para los Estados Unidos de América, por los graves hechos cometidos contra el erario en el marco del caso Odebrecht y las contundentes evidencias en su contra.
“Ambos casos, señor presidente, delicados por sí mismos, aumenta su gravedad al haber sido realizado a través de medios de comunicación o directamente a periodistas en plazas públicas, convirtiéndolos en actos de amenaza de orden público, sin haber intervenido a la fecha las autoridades de forma alguna”, puntualizó Rodríguez.
Presumió que ambos imputados son personas “protegidas y preservadas” por las autoridades que “velan por su impunidad” o que incluso están dispuestos a colaborar en eventuales actos criminales.
Por otro lado, indicó que dirige la carta con la denuncia hacia el presidente, luego de que la Procuradora General actual presentó formal inhibición para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas en el caso Odebrecth.
A continuación la carta íntegra:
Excelentísimo señor presidente,
Espero que al recibir esta misiva se encuentre muy bien y en salud, deseándole nueva vez el mejor de los éxitos en su gestión, a favor y en beneficio de todo el pueblo dominicano, mas aún en lamentables tiempos de pandemia.
El pasado 16 de agosto del 2020 usted fue juramentado como presidente constitucional de todos los dominicanos, incluyéndome, asumiendo de esa forma las responsabilidades propias del cargo que le atribuye la Carta Magna, quien como Jefe de Estado, le corresponde ser la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado; y así, con arreglo a la ley, mandarlas por sí mismo y disponer de ellas para fines del servicio público (Art. 128 Constitución Dominicana).
Precisamente en esa condición de Jefe de Estado, pongo en su conocimiento la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta durante el programa Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal. Es importante recordar que el Sr. Rondón durante el ejercicio de mis funciones como Procurador General de la República (2016-2020), y en estricto apego a las leyes, fue sometido a la justicia.
Este acto llama a preocupación, pues se trata de un individuo que ha sido acusado de escandalosos actos criminales que incluyen el desfalco en el Plan Renove, fraude al Baninter y de corrupción en el caso Odebretch, por el cual las autoridades norteamericanas han manifestado formalmente tener un alto interés, a través de la ordenanza presidencial No. 13818 de fecha 20 de diciembre del 2017, colocándolo dentro de un listado de criminales sancionados bajo la Ley Global Magnitsky, siendo Ángel Rondón Rijo el segundo de la lista junto a presuntos criminales internacionales como Mukhtar Hamid; Sergey Kusiuky y Julio Antonio Juárez, acusados de asesinatos y graves crímenes contra la humanidad.
La Ley Global Magnitsky fue aprobada en el año 2012 con el fin de sancionar a funcionarios rusos implicados en el asesinato del contador y auditor Sergei Magnitsky, quien fue asesinado precisamente tras revelar un sonado caso de corrupción, con gran similitud al caso Odebrecht.
Otro hecho que debe mover a alta preocupación y atención de los organismos de seguridad, lo constituye también las amenazas constantes de agresión fisica a un servidor realizadas por parte del ciudadano Victor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y también imputado del caso Odebrecht, quien en fecha 8 de febrero del 2021, frente a numerosos periodistas, expresó su intención de agresión fisica en cualquier momento próximo.
Estas expresiones, no motivarían a preocupación si se tratara de un ciudadano sin historial criminal o delictivo y no de un individuo que en diversas ocasiones ha agredido fisicamente a diversos ciudadanos, entre ellos al entonces Secretario de Estado Félix Bautista y al jurista Julio Cury, pero mas alarmante aún, es que se trata de un sujeto señalado en diversas ocasiones de actos de corrupción, que guardó prisión por orden del Juez de la Suprema Corte Francisco Ortega Polanco y que también es de altísimo interés para los Estados Unidos de América por los graves hechos cometidos contra el erario en el marco del caso Odebrecht y las contundentes evidencias en su contra, conforme el expediente acusatorio.
Ambos casos señor presidente, delicados por sí mismos, aumentan su gravedad al haber sido realizados a través de medios de comunicación o directamente a periodistas en plazas públicas, convirtiéndolos en actos de amenaza de orden público, sin haber intervenido a la fecha las autoridades de forma alguna, lo cual mueve a suponer que estas personas se consideran protegidas y preservadas por algunas autoridades que velan por su impunidad o que incluso estén dispuestos a colaborarles en eventuales actos criminales.
Señor presidente, nuestros ciudadanos aspiran a una República Dominicana dentro de un verdadero estado social, democrático y de derecho, donde se respete la vida humana y se persiga y castigue la corrupción, sin que esa lucha atente contra la vida humana. El caso que ha generado estas inequívocas amenazas, se trata del caso más serio de corrupción que ha visto nuestra historia, recibiendo el expediente inicial Odebrecht desde Brasil con los nombres, apellidos y detalles de personas señaladas como receptores de sobornos y el Ministerio Público como institución, no Jean Alain Rodriguez, sometió a la justicia con mas de 1,700 pruebas a aquellos que tenían evidencias sostenibles en un tribunal, quedando pendiente continuar la investigación para incluir cualquier otra persona no señalada en esos documentos, investigación que continua en gran parte en manos del mismo ministerio público que investigó y trabajó dicho expediente inicial, necesitando entonces esta institución la protección del Estado para salvaguardar la integridad física y moral, sin intimidación alguna y así contar con una verdadera justicia independiente con los resultados y condenas que el pueblo dominicano tanto espera y que con ojo visor observa la comunidad internacional.
Extiendo esta denuncia personalmente a usted, atendiendo a que la Procuradora General actual presentó formal inhibición para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas en el caso Odebrecht.
Es por eso y su responsabilidad como jefe constitucional de los organismos de seguridad del Estado,que pongo de su conocimiento esta grave situación, para los fines que considere de lugar.
