En la Fiscalía de La Vega operaba una banda que se dedicaba a robar armas de fuego y vehículos chatarras que forman parte de evidencias de procesos judiciales.
Al dar a conocer sobre la asociación de malhechores, la fiscal titular de esa provincia, Aura Luz García, informó que han detenido a cinco personas, entre ellas Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, quien se desempeñaba como coordinadora de la Oficina de Control de Evidencia de esta jurisdicción.
Los demás apresados son Aleudy Cabrera Escarramán, hermano de Yuderku, Gilberto Manuel Burgos, José Aníbal Abreu y Wilson Rafael Vargas Rosa.
Al grupo le ocuparon una de las armas sustraídas, así como varios vehículos chatarras, que también formaban parte de procesos judiciales.
El expediente indica que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, aprovechando la reducción de empleados que se encontraban laborando en ese órgano del Ministerio Público, como parte de las medidas preventivas para contrarrestar la propagación del coronavirus, habría sustraído varios vehículos chatarras y armas de fuego correspondientes a evidencias por diferentes procesos penales.
En el transcurso de la investigación se ha establecido que la funcionaria judicial habría vendido los vehículos a Wilson Rafael Vargas Rosa, con ayuda de su hermano, Aleudy Rafael Cabrera, y que de igual forma, con asistencia y ayuda de Wilson Vargas, habían sustraído de la Oficina de Control de Evidencia varias armas de fuego.
Asimismo, determinaron que el imputado Gilberto Manuel Burgos, quien, según la Fiscalía, admitió su participación en el hecho delictivo, fungía como intermediario en la venta de armas de fuego, acciones cometidas conjuntamente con los encartados Wilson Rafael Vargas Rosa y José Aníbal Abreu, quien habría comprado la cantidad de 10 armas de fuego procedentes del robo practicado en la Fiscalía de La Vega por la suma de 85 mil pesos.
El órgano de justicia detalla que durante las pesquisas han sido realizados varios allanamientos en residencias y otras propiedades de los imputados con autorización judicial en el transcurso y que fueron recuperados cuatro vehículos, incluyendo yipetas y furgonetas, que habían sido sustraídos de un depósito de almacén fuera de las instalaciones de la Fiscalía de La Vega, así como una pistola marca Bersa, una caja de cápsulas y cargadores sustraídos de la Oficina de Control de Evidencias de esa dependencia.
De igual manera, la institución del sistema de justicia indicó que en el transcurso de esos allanamientos fueron confiscados dinero en pesos y dólares, siete relojes de diversas marcas y otras joyas, varias tarjetas de crédito de diferentes bancos y documentos personales, además de decenas de celulares y otros aparatos electrónicos, entre otros objetos.
El Ministerio Público dijo que profundiza las investigaciones, al tiempo de informar que contra los imputados han obtenido diferentes evidencias documentales, materiales, testimoniales e ilustrativas vinculantes al condenable hecho delictivo.
Sostuvo que, por el entramado criminal, el caso debe ser declarado complejo y enviar a prisión por un período de 18 meses a los imputados en virtud de la evidente existencia del peligro de fuga y porque es la única medida que garantiza su presencia a todos los actos de proceso y que los mismos no distraigan evidencias y bienes que sean producto del delito.
Señaló que al grupo se le atribuye la comisión del tipo penal de asociación de malhechores, robo agravado y tráfico de armas en violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, lo cual podría conllevar una sanción de hasta 20 años de prisión.
La magistrada Aura Luz García advirtió que los responsables de formar esa asociación de malhechores serán sometidos a la justicia.
Fuente: Diario Libre
