Culminada la Semana Santa se reactiva el escarceo político que gira en torno al Tribunal Superior Electoral (TSE), de cuyo organismo los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) solicitarán que tres jueces sean sometidos a un juicio político.
El vocero del Bloque de Diputados del PRD, Radhamés González, confirmó ayer que esta semana procederán a depositar el requerimiento vía la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
“En esta semana procederemos, pues esta tarde (ayer) coordinaremos y abordaremos el tema en el partido”, enfatizó.
Sostuvo que el sometimiento se llevará a cabo contra los jueces Román Jáquez Liranzo, presidente del TSE, así como sus compañeros Rafaelina Peralta y Santiago Sosa Castillo, quienes mediante sentencia anularon la XXXIV Convención del PRD y todas las acciones adoptadas, incluyendo la ratificación de Miguel Vargas en la presidencia de la organización.
“Estamos consensuando enjuiciarlos por incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones porque los magistrados tomaron su decisión en base a un documento falso”, expresó al ser consultado por la vía telefónica.
El legislador aclaró que la decisión de someter a un juicio político a los miembros del TSE es del bloque de diputados del PRD y su partido, y en nada tiene que ver con los pronunciamientos elevados en ese sentido por el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. “Nosotros un día antes de los pronunciamientos de Reinaldo, anunciamos que someteríamos a los jueces, esa no es una decisión de Reinaldo ni de nadie, es del PRD”, aseveró.
Sería la Cámara de Diputados la encargada de formular la acusación en contra de los funcionarios, para lo que se necesita el voto de las dos terceras partes, según lo dispone en el artículo 83 de la Constitución de la República.
Sin embargo, este mismo apartado establece que el mecanismo del juicio político es una herramienta de aplicación a aquellos funcionarios públicos electos por voto popular, el Senado o por el Consejo Nacional de la Magistratura que hayan incurrido en “la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones”.
“La acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula”, se plantea además en dicho artículo.
Asimismo, la persona acusada quedaría suspendida en sus funciones “desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación”.
Para el presidente del Senado, a quien le tocaría encabezar el juicio contra los tres jueces en caso de materializarse, la decisión de los magistrados de anular nueva vez la XXXIV Convención Nacional Extraordinaria Pedro Franco Badía del 3 de diciembre del 2017 por falta de convocatoria, constituyó un acto “de una gravedad tal” que ameritaría la actuación del Congreso y realización de un juicio político.
Fuente: Diario Libre
