La semana pasada, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) prohibió la importación de cannabis, la planta de la marihuana. La nueva prohibición se extiende a cualquier parte de la planta, incluso las llamadas “flores”, que concentran los principios activos medicinales y psicoactivos del cannabis. La agencia justificó la decisión por el riesgo de desvío para fines no médicos. La medida llega en un momento crucial en Brasil en materia de políticas de drogas si bien el sector de medicamentos a base de cannabis no ha cambiado. Desde 2015, Anvisa permite la importación de productos con principios activos extraídos de la planta y, desde 2019, la venta de productos con sustancias cannábicas en farmacias.
Anteriormente, una laguna legislativa en la llamada RDC 660, una ordenanza que permitía importar productos de cannabis industrializados sin especificar cuáles, había creado un mercado paralelo de “marihuana legalizada”. Así, los consumidores recreativos habían empezado a importar principalmente las flores de la planta, justificando su uso medicinal.
Patricia Montagner, médica y cofundadora de WeCann Academy, una comunidad internacional de médicos que trabajan con la medicina endocannabinoide, declaró a la prensa brasileña que se entiende por flor de cannabis medicinal un producto testado en laboratorio y guiado por un profesional médico, mientras que la flor comercializada ilegalmente, en cambio, tiene altas concentraciones del principio activo, el llamado THC, que es lo que se busca en el uso recreativo para lograr cambios psíquicos, y no se prueba en laboratorio. Durante la combustión, además, libera subproductos tóxicos y potencialmente cancerígenos, según Montagner.
Con esta prohibición, Anvisa ha especificado ahora en la Nota Técnica 35/2023 que “la combustión y la inhalación de una planta no son formas/métodos farmacéuticos de administración de un producto destinado al tratamiento de la salud”, aportando así una contribución científica a una cuestión que ahora se ha reducido sobre todo a un argumento ideológico. La decisión de la agencia brasileña se produjo al mismo tiempo que la publicación de un importante estudio internacional. Realizado por los Servicios Daneses de Salud Mental y los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH en inglés), la investigación examinó una muestra de cincuenta años de más de seis millones de personas en Dinamarca.
Los investigadores encontraron “fuertes evidencias de una asociación entre el trastorno por consumo de cannabis y la esquizofrenia entre hombres y mujeres, aunque la asociación es mucho más fuerte entre los individuos masculinos”. Utilizando modelos estadísticos, los autores del estudio estimaron que “el 30% de los casos de esquizofrenia entre hombres de 21 a 30 años podrían haberse evitado en ausencia del trastorno por consumo de cannabis”. Según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), la agencia federal estadounidense que vigila la salud pública, la adicción a la marihuana se da en tres de cada diez consumidores habituales y el riesgo de desarrollarla aumenta con el consumo precoz y frecuente. Según Deepak D’Souza, psiquiatra de la Universidad de Yale que lleva 20 años estudiando el cannabis, “estamos subestimando los riesgos potenciales asociados al cannabis y hemos sido ineptos a la hora de educar al público e influir en las políticas”.
En Brasil, después de ocho años, el Supremo Tribunal Federal (STF) debatirá el 2 de agosto la despenalización de quienes sean sorprendidos con drogas para uso personal. Actualmente, el artículo 28 de la Ley de Drogas 11.343 de 2006 prevé una pena leve, consistente en una advertencia sobre los efectos de las drogas, servicios comunitarios y una medida educativa, es decir la participación en un programa o en un curso sobre el consumo de drogas.
En caso de que el STF se pronuncie a favor de la despenalización, esta pena también sería eliminada. Durante el gobierno del ex presidente Jair Bolsonaro la discusión en el STF había sido bloqueada, mientras que ahora el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía de Lula, Silvio Almeida, en una audiencia en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados se declaró a favor de la despenalización porque, dijo, “el consumo de drogas es un problema de salud pública, no un problema criminal”, subrayando también que se trataba de una opinión personal.
De hecho, para Lula el tema de las drogas forma parte central de su agenda política, en particular la regulación del cultivo de marihuana en Brasil, actualmente prohibido. Así lo afirmó en una entrevista al diario Folha de São Paulo Marta Machado, secretaria nacional de Política de Drogas del Ministerio de Justicia. “Brasil”, dijó en la entrevista, “necesita liberalizar el cultivo de cannabis con baja concentración de THC para reducir el precio de los productos y evitar así la judicialización que se produce en todo el país”.
Sin embargo, según los expertos, el punto vulnerable del argumento es la dificultad, si no imposibilidad, de gravar en la práctica si el cannabis plantado tiene poco THC o no. Pero sobre todo, como ha demostrado la prohibición de Anvisa, en un país como Brasil la infiltración criminal es un problema importante y el principio de precaución debería guiar cualquier decisión pública. De hecho, el principal grupo brasileño, el Primer Comando de la Capital, el PCC, controla el tráfico de marihuana desde Paraguay, donde incluso posee plantaciones, hacia Brasil. También se sospecha que está parcialmente infiltrado en el llamado Polígono de la Marihuana, una gigantesca área de cultivo ilegal en el nordeste del país, en los estados de Pernambuco y Bahía, de donde procede cerca del 30% de toda la marihuana consumida en Brasil.
Además, el debate en curso se inscribe en uno internacional más amplio sobre la liberalización de las llamadas drogas blandas, en el que están en juego gigantescos intereses económicos. En Estados Unidos, 22 estados permiten el uso recreativo de la marihuana, a los que pronto se sumará Minnesota. Sin embargo, el balance hasta ahora ha sido decepcionante. La idea de que un mercado libre podría ser la solución para arrebatársela al crimen organizado ha tenido que conformarse con los datos. En California, el primer estado que intentó el experimento de la legalización, no han aumentado ni los puestos de trabajo ni los ingresos fiscales.
Al contrario, los elevados impuestos – entre el 35% y el 70% – y la enmarañada regulación han hecho la vida imposible a los negocios con licencia, muchos de los cuales están quebrando. Además, los elevados precios del mercado regulado por el Estado californiano, en lugar de sofocarlo, han disparado el negocio controlado por los cárteles de la droga, que pueden ofrecer la misma droga, a menudo con más THC, a precios mucho más baratos.
El cannabis recreativo también es legal en Uruguay desde 2013, pero el mercado criminal se ha multiplicado por diez en estos años porque los consumidores demandaban cannabis con más THC del permitido por el Estado. Solo el 27% de los consumidores uruguayos se habían abastecido del mercado legal en 2021. Así que el Estado decidió vender en farmacias una marihuana más potente, con un THC aumentado del 9% al 15%.
Además, es importante señalar que en los últimos meses han aparecido nuevos actores en la producción de marihuana principalmente la “creepy”, una variedad con un THC más alto. En particular, los chinos han hecho incursiones en América Latina, especialmente en Chile, así como en Estados Unidos. Como informa una detallada investigación de Politico, el número de granjas financiadas por empresas de capital chino se ha disparado en Estados Unidos.
No cultivan frutas ni verduras, sino marihuana. Solo en Oklahoma, 3.000 de las casi 7.000 granjas con licencia estatal están siendo investigadas por obtener fraudulentamente sus licencias o vender sus productos en el mercado criminal. De ellas, hasta 2.000 tienen conexión con China, que proporciona tanto los trabajadores ilegales como una rica financiación. Incluso de los más de 800 negocios de marihuana cerrados en los dos últimos años por operar ilegalmente, el 75% estaban vinculados a Pekín. Para las autoridades estadounidenses detrás de esta “invasión” narco está la larga mano del Partido Comunista Chino, dispuesto a poner en marcha un nuevo warfare o estrategia bélica. La estrecha relación de Xi Jinping con Lula podría favorecer escenarios similares en Brasil.
El gigante sudamericano desempeña cada vez más el papel de centro de tráfico de drogas, no solo de cocaína, hacia Europa y ahora se teme que también hacia Estados Unidos. La presión de la agencia antidroga estadounidense, la DEA, sobre Colombia y México ha hecho que cada vez más cárteles mexicanos, en particular el de Sinaloa, descentralicen sus laboratorios para la producción de fentanilo, el opioide sintético 50 veces más potente que la heroína.
La presencia del cartel de Sinaloa también se ha detectado de forma significativa en Brasil, con un impacto evidente en el consumo. Por primera vez se registraron al menos 7 casos de sobredosis de K9, una droga que también contiene marihuana a la que se añaden drogas sintéticas como el fentanilo, mientras que sólo en San Pablo se identificaron 513 casos de intoxicación en el primer semestre de este año.
Sin embargo, la ola que se puede avecinar no está a la altura de las herramientas disponibles hasta ahora para la identificación y la gestión de una epidemia de opiáceos. Si en San Pablo la universidad pública USP ha lanzado recientemente un proyecto piloto para analizar la orina de los usuarios de drogas en los servicios públicos de salud, con el fin de comprender hasta qué punto el fentanilo ha penetrado en la ciudad, otros estados de Brasil carecen totalmente de datos, herramientas y conocimientos técnicos. Un vacío que los narcotraficantes están aprovechando a un ritmo mucho más rápido que los controles.
Tanto es así que empieza a preocupar una nueva ruta destapada el año pasado e intensificada en los últimos meses que está introduciendo toneladas de hachís, principalmente marroquí, en Brasil desde Europa. La última incautación, seis toneladas ocultas en un velero de bandera centroeuropea, tuvo lugar en aguas del Atlántico, cerca de las Islas Canarias españolas, la semana pasada. Su destino era Brasil. Fuentes relacionadas con la difusión de las drogas en el país han revelado a Infobae que no sólo no existe un mercado local capaz de absorber estos volúmenes de hachís, sino que a pesar de la ruta no ha habido impacto en el mercado de consumo. Muchos se preguntan quién es el verdadero destinatario de estas toneladas y si no serán utilizadas para nuevas mezclas mortales con sustancias sintéticas preparadas en Brasil pero destinadas a mercados ricos como los de EEUU y Canadá.
