Por Trajano Santana
El artículo 61 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (33-18) establece que la distribución económica del Estado a esas organizaciones se distribuirá de la siguiente manera:
1-El 80 por ciento se hará en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado el 5% de los votos válidamente emitidos en la última elección.
2-El 12% se distribuirá entre todos los partidos que hayan alcanzados más de 1% y menos del 5% de los votos computados a su favor en la última elección.
3-El 8% se distribuirá entre todos los partidos que alcanzaren entre el 0.01 y el 1 % de su resultado en la última elección.
En este último renglón está la mayoría de los partidos del país, esencialmente, debido a la estrangulación económica a que son sometidos por el sistema político, con el interés eliminar a los nuevos emprendimientos partidarios.
La distribución económica consignada en la Ley 33-18 es, a simple vista, sesgada, mal intencionada y discriminatoria, cuya única intención es estrangular el desarrollo y el crecimiento de la mayoría de los partidos y organizaciones del sistema para, de esa manera, fomentar el clientelismo y la corrupción.
Acentúa, además, la vieja y mala práctica de justificar la sustitución de las democráticas representaciones partidarias por personas improvisadas de la sociedad civil y el sector empresarial que, sin visión ni compromisos patrióticos, se enquistan en las oficinas y las funciones de determinación estatal, para sólo representar los intereses de sus grupos.
Los ingresos que reciben las organizaciones políticas del Estado deben ser invertidos de la siguiente manera:
1-El 10% en la educación y capacitación política de sus militantes y dirigentes
2-El 50% en gastos administrativos, corrientes y operacionales de la organización.
3-El 40% en actividades y desplazamientos propios de la campaña proselitistas, en el territorio nacional y el exterior.
Sin embargo, las entidades políticas, principalmente las mayoritarias, reciben otros aportes de grupos con intereses sociales, económicos, empresariales, comerciales, internacionales, que quieren ser parte de los gobiernos para proteger esos intereses.
De esa manera, se filtra en los partidos y las campañas mucho dinero malo, de grupos ligado al crimen organizado.
Claro, no en todas las organizaciones ni de manera formal. Regularmente se valen de engañar a sus principales dirigentes o autoridades para incurrir en esa práctica que está prohibida en la Ley 33-18.
Igualmente es ilícito que los partidos, dirigentes y militantes reciban cualquier tipo de financiamiento para costear sus actividades partidarias; donaciones o regalos de parte de cualquier líder del Estado, gobiernos municipales y órganos electorales o contenciosos.
Además, el uso de aquellas actividades del Estado que den rentabilidad y ventajas electorales, como inauguraciones de obras y las facilidades para la publicidad proselitista.
De la poesía a la realidad hay mucho trecho. Diga usted.
