La regulación del aborto sigue siendo un asunto polémico en América y en países como Argentina, El Salvador, Honduras y República Dominicana, una práctica totalmente ilegal.
Buena parte de los países de la región admiten en teoría la interrupción del embarazo en los tres casos de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre o violación, o en alguno de ellos, pero el camino transitado ha sido muy largo, inconcluso y lleno de toda clase de obstáculos.
En algunos casos, la practica del aborto podría significar la diferencia entre la libertad, la prisión o la muerte.
Teodora Vásquez pasó más de una década encerrada por una acusación de aborto en El Salvador, país que lo prohíbe en todas sus formas. En julio de 2007 Vásquez dio a luz a un niño muerto en los baños de la escuela en la que trabajaba.
La ley salvadoreña establece una pena de entre seis meses y doce años, pero en el caso de Teodora los fiscales también la acusaron de homicidio, por lo que su pena se amplió a 30 años. Sin embargo, el Gobierno decidió liberarla en 2018.
Otra joven que enfrenta la dura legislación es Imelda Cortez, acusada de intentar abortar a su hija, producto de abuso sexual por parte de su padrastro, y luego tirarla a una letrina de fosa séptica.
La defensa de Cortez alega que las pruebas en su contra son “insuficientes” para condenarla a 20 años de cárcel por intento de aborto y homicidio.
El aborto es ilegal en Honduras desde mayo de 2017 y se castiga con penas de tres a diez años de cárcel.
Grupos sociales se han manifestado para que se despenalicen en el país las tres principales causas, recomendación hecha también en julio de 2017 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El pasado 27 de febrero, en la provincia argentina de Jujuy se llevó a cabo una cesárea a una niña de once años que fue violada por la pareja de su abuela, un hecho que provocó enorme revuelo.
Colectivos sociales alzaron su voz de protesta, ya que consideraron que a la menor se le negó el derecho a abortar en contra de una ley que desde 1921 prevé que se puede llevar a cabo este procedimiento en caso de violación.
En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, una niña de diez años que sufrió abusos sexuales dio a luz por cesárea. Dado que la ley boliviana faculta el aborto por violación o riesgo para la vida o salud de la madre o el feto, varias organizaciones demandaron sin éxito que se le practicara ese procedimiento a la menor.
Esta es la expresión del Código Penal de Paraguay para justificar una interrupción del embarazo si está en riesgo la vida de la mujer o se puede agravar una enfermedad. De no ser así, se podría pasar entre dos y ocho años en la cárcel.
Son muchos los casos de menores embarazadas como el de la niña de once años a quien en 2015 se le practicó una cesárea, producto de una violación presuntamente perpetrada por su padrastro. Varias organizaciones que han pedido que se permita a las menores abortar sostienen que presentan síntomas de depresión, ansiedad o estrés postraumático tras ser forzadas a dar a luz.
“Atraso menstrual” es uno de los tantos mensajes publicitarios que se ven en las calles de Lima, ganchos a centros clandestinos para la interrupción del embarazo, puesto que la legislación sólo la permite cuando la vida de la mujer está en peligro.
Estos lugares son frecuentados, en su mayoría, por menores, ya que en Perú el 12,7 % de las adolescentes entre 15 y 19 años quedan embarazadas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
La llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil trajo consigo una serie de cambios con respecto a políticas e iniciativas sociales.
El Ministerio de la Mujer, a cargo de la pastora Damares Alves, planea un proyecto denominado “Estatuto de los niños por nacer”, que prevé la protección integral de los fetos, y por lo tanto, penalizaría totalmente el aborto.
En Ecuador se viene dando desde enero un debate parlamentario para despenalizar el aborto por violación, estupro, incesto o inseminación no consentida.
Actualmente las autoridades ecuatorianas admiten como causales el peligro para la vida de la madre o violación a una mujer con discapacidad mental, por lo que cualquier otra razón es penada según los atenuantes, en condenas que no superan los tres años.
Según Movimiento Aborto Libre Ecuador, desde enero de 2013 a enero de 2018 326 mujeres fueron penalizadas por abortar en el país.
El aborto ha provocado un choque de trenes en República Dominicana, donde el Ejecutivo ha vetado en dos ocasiones la aprobación de un Código Penal aprobado por el Congreso, debido a que se mantiene la penalización del aborto.
El caso que desató esta polémica fue el de Rosaura Almonte “Esperancita”, a quien en 2012, cuando tenía 16 años, le diagnosticaron leucemia pero también le descubrieron un embarazo de siete semanas.
Los médicos no iniciaron a tiempo la quimioterapia y le dieron preferencia al embarazo, con la cuestión siempre presente del aborto terapéutico. “Esperancita” murió el 17 de agosto de ese mismo año.
La interrupción del embarazo en Venezuela sólo es permitida en el caso de que la vida de la madre corra cierto riesgo. Si no se cumple con esta premisa, se pueden pasar de seis meses a dos años de cárcel.
Grupos feministas afines al chavismo han presentado iniciativas a favor de la despenalización del aborto ante la Asamblea Nacional (Parlamento) cuando tenía mayoría oficialista, y después ante la Asamblea Nacional Constituyente, pero no han tenido éxito.
Fuente: EFE
