Un 63 por ciento de promedio de los fondos públicos ofrecidos durante la pandemia en nueve países en desarrollo fueron a parar a grandes empresas en lugar de destinarse a seguridad social o a pymes y otros sectores económicos necesitados, denunció este miércoles la Coalición para la Transparencia Financiera (FTC, en inglés).
La FTC, que agrupa, entre otros, a Transparencia Internacional y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, analizó los datos de Kenia, Sudáfrica, Sierra Leona, Bangladesh, India, Nepal, Honduras, Guatemala y El Salvador.
Al presentar hoy su informe, considerado el mayor realizado sobre el uso de fondos de rescate en países pobres, la Coalición señaló que «sólo un cuarto (de media) de los fondos fue a protección social».
Solamente uno de los Estados encuestados, Guatemala, invirtió más dinero de los fondos en protección social que en otras categorías, con un 54 %, seguido por India (38 %), Sudáfrica (32 %) y Honduras (23 %), indica el documento.
En Kenia el 92 % de los fondos emitidos para afrontar la covid-19 se asignón a grandes empresas en lugar de destinarse a personas en situación de pobreza, mientras que en Sierra Leona la proporción fue del 74 %.
Únicamente un 2 % de los fondos en los países encuestados «fueron destinados al apoyo de trabajadores del sector informal, a pesar de que a menudo constituyen la mayor parte de la fuerza laboral».
Bangladesh, Sudáfrica, Nepal y Honduras no asignaron ninguna porción a este sector, señala la FTC.
La Coalición advierte de que hay una «falta de transparencia en el uso de los fondos de recuperación», que incluyen los emitidos por los Gobiernos pero también los de instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En Kenia, por ejemplo, el Banco Mundial otorgó 50 millones de dólares de financiación de emergencia para apoyar al país en su respuesta a la crisis sanitaria, pero a fecha de hoy aún «no se tiene explicación del uso de estos fondos».
La alianza de organizaciones no gubernamentales, que integra también a la Red Europea sobre Deuda y Christian Aid, dice que esto se debe en parte a que la mayoría de los sistemas internacionales de control «registran los anuncios de financiamiento iniciales en lugar de llevar a cabo un seguimiento del desembolso real».
Matti Kohonen, director de la llamada en inglés «Financial Transparency Coalition», recordó que «para finales de 2021 se estima que unos 150 millones de personas estarán en una situación de pobreza extrema debido a la pandemia», pero, pese a esto, «en muchos países los principales fondos de rescate están siendo asignados a grandes empresas».
«Esto amenaza con ampliar aún más la brecha entre ricos y pobres y aumentar la creciente deuda de los Estados, al mismo tiempo que se debilitan los sistemas de protección social y de salud» nacionales, añadió.
A fin de abordar «el peligroso desequilibrio en los fondos de ayuda por covid-19 existentes», la FTC recomienda la aplicación de un impuesto de sociedades mínimo del veinticinco por ciento, en línea con la propuesta del Panel de Alto Nivel sobre la Responsabilidad, la Transparencia y la Integridad Financieras Internacionales de la ONU.
También plantea aumentar los impuestos a las personas con altos ingresos y las empresas; introducir registros de los beneficiarios reales de los fondos y aumentar la transparencia sobre las condiciones para recibir ese dinero.
