Frente a la probabilidad de una reapertura eventual de su frontera sur a los solicitantes de asilo, el gobierno estadounidense exhorta a sus aliados latinoamericanos a que refuercen los controles sobre la migración y amplíen sus propios programas de asilo.
El presidente estadounidense Joe Biden sufre las presiones crecientes de los dirigentes de su propio partido para que ponga fin a las restricciones de asilo que han estado en vigor desde marzo de 2020 para frenar la trasmisión del COVID-19.
El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, se reunió con funcionarios de Costa Rica el martes, un día después de que mantuvo conversaciones con México. El apoyo de los aliados sería crucial para controlar un pico de la migración cuando se levanten esas restricciones.
Los dos países son cruciales, tienen sus propias normas de asilo y son rutas de tránsito hacia Estados Unidos para los inmigrantes que vienen de Sudamérica y de afuera del continente americano.
El mes pasado, Costa Rica empezó a requerir visas para los venezolanos y cubanos, una medida para frenar su migración hacia el norte. México, que ya requería visas para los cubanos, agregó a los venezolanos en enero.
Las autoridades estadounidenses tuvieron 3.072 encuentros con venezolanos en la frontera con México en febrero, comparado con 22.779 el mes anterior. Estas cifras publicadas el martes demuestran el impacto del nuevo requisito mexicano para los venezolanos, vigente desde el 21 de enero. Los colombianos no necesitan visa para viajar a México, y hubo 9.600 encuentros, comparado con 3.911 en enero.
En total, las autoridades estadounidenses encontraron migrantes en 164.973 ocasiones durante febrero, muy por debajo del pico de 200.000 en agosto, pero más que los 154.745 en enero y 101.099 en febrero de 2021, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
En su discurso del Estado de la Unión hace unas semanas, Biden dijo que “estamos obteniendo compromisos y brindando apoyo a nuestros aliados en América del Sur y Central para que reciban a más refugiados y aseguren sus propias fronteras”.
Biden amplió esas declaraciones la semana pasada, cuando recibió al presidente colombiano Iván Duque en la Casa Blanca.
“Pido un nuevo marco para la manera en que las naciones de toda la región pueden manejar colectivamente la migración en el Hemisferio Occidental”, dijo Biden. “Nuestro objetivo es… firmar una declaración regional sobre migración y protección en junio en Los Ángeles, cuando Estados Unidos reciba a la Cumbre de las Américas”.
Con un enfoque más regional del asilo, se podría considerar a Costa Rica, Panamá y Colombia como refugios, dijo Alan Bersin, quien fue jefe de la CBP durante la presidencia de Barack Obama.
“Para controlar los picos de migración en la frontera, deberíamos ofrecer asilo offshore” en otros países, dijo Bersin. “Esta clase de enfoque regional para la migración será crucial”.
Sin embargo, incluso los países con sistemas de asilo relativamente competentes, como México, Costa Rica y Colombia, han sido desbordados en los últimos años.
En México, el año pasado solicitaron asilo 131.448 personas, casi el doble del registro previo a la llegada de la pandemia, que fue de 70.000 en 2019, y más de 100 veces más que en 2013.
Desde que estalló la crisis política en Nicaragua en 2018, Costa Rica ha recibido a decenas de miles de nicaragüenses cada año. Costa Rica pasó de 68 y 67 solicitantes de asilo en 2016 y 2017, respectivamente, a 59.450 el año pasado, el 89% de ellos nicaragüenses. Tan sólo en enero, Costa Rica recibió 5.350 solicitudes.
Lo que complica todavía más la situación de Costa Rica es la segunda ronda de elecciones presidenciales el próximo 3 de abril, en un momento en que el desempleo alcanza el 13,1%. La semana pasada, la policía expulsó a casi 2.000 personas, en su mayoría nicaragüenses, que intentaron establecer un asentamiento informal en la capital.
En Colombia viven 1,8 millones de venezolanos como consecuencia de la crisis política y económica de ese país y les ha ofrecido un estatus de protección temporal.
Y Panamá tiene una capacidad de asilo muy limitada, con menos de 10.000 solicitudes tramitadas en 2019, antes de la pandemia.
A su vez, México y Colombia son países que siguen generando una gran cantidad de migrantes debido a la violencia y a la falta de oportunidades económicas.
“No son precisamente países que tengan la capacidad de acoger a mucha gente que requiere de mucho apoyo”, dijo Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización no gubernamental de derechos humanos.
En su opinión, cualquier solución no solo debería incluir un refuerzo de los sistemas de asilo, sino alternativas para aquellos que no reúnen los requisitos para obtenerlo, pero que necesitan emigrar con urgencia.
“Y la otra cara de la moneda es que, mientras Estados Unidos mantenga cerrado su sistema de asilo para la mayoría de los solicitantes, parece muy difícil incentivar a otros países para que hagan algo que Estados Unidos no hace”, dijo Meyer.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) eliminaron el viernes una orden que negaba la posibilidad de asilo para los niños migrantes que no estaban acompañados. La norma conocida como Título 42, emitida en la era Trump y que lleva el nombre de una ley de salud pública de 1944, sigue vigente para los adultos y las familias que viajan con niños.
El analista para América Central del International Crisis Group, Tiziano Breda, señaló que las tensiones diplomáticas de Estados Unidos con Guatemala y El Salvador “complican la implementación de posibles planes regionales.”
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha instado un enfoque regional durante algún tiempo, mientras intenta ayudar a los países del hemisferio a crear capacidades para recibir refugiados y solicitantes de asilo, dijo la portavoz Sibylla Brodzinsky.
Pero hizo una diferencia con el “desplazamiento de la carga”, es decir, “no asumir la responsabilidad, sino pedir a otros países que lo hagan”.
La agencia de la ONU para los refugiados lleva mucho tiempo pidiendo al gobierno estadounidense que ponga fin al uso del Título 42 en la frontera.
El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo el sábado que estaba perplejo por el hecho de que los CDC continúen con “esta política draconiana en la frontera” en medio de sólidos signos de recuperación de la pandemia.
Las visitas de Mayorkas podrían sentar las bases para retirar esa medida.
