La defensa del senador Tommy Galán utilizó ayer en una pantalla varias figuras de “Pinocho, dos pies enlodados y un mago”, para desmeritar la acusación en contra del legislador en el caso Odebrecht.
El doctor José Ricardo Taveras Blanco planteó al juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que el ministerio público debe mostrar las pruebas que dice tener de las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht.
“La defensa del senador Tommy Galán agradecería que el ministerio público presentara ante la Suprema Corte de Justicia, al delador, toda vez que como se evidencia, la declaración, lejos de ser una prueba, constituye una excusa inaceptable”, acotó Taveras Blanco.
Sostiene que el ministerio público manipula la delación premiada realizada por Marcos Vasconcelo Cruz o “empleado” 54, en Brasil, tras señalar que dicho documento no pasa de ser un manejo de especulaciones en la que el delator solo enfatiza que no puede afirmar que existió soborno.
Destaca que el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por San Cristóbal, no es culpable de los hechos que se le imputan y que el ministerio público carece de una prueba precisa sobre el soborno que la empresa Odebrecht admitió que pagó en República Dominicana, para la contratación de obras.
La defensa alega que tampoco aparece ninguna pieza en capacidad de corroborar el soborno alegado contra el legislador y que no existen fotos, videos, testigos, cheques, efectivos, triangulación de transferencias o cualquier otro tipo de productos financieros que lo puedan vincular con los hechos que se le imputan.
Dijo que todas las obras de Odebrecht fueron autorizadas mediante las respectivas leyes de presupuesto aprobadas en cada caso durante los años de su ejecución, entre los cuales mencionó Hidroeléctrica de Pinalito, de Palomino, Corredor Duarte, Carretera de Casabito, Acueducto de Samana y Múltiples Hermanas Mirabal.
SU PATRIMONIO Y LA DECLARACIÓN JURADA
La defensa del senador Tommy Galán sostuvo que el ente acusador no puede establecer una diferenciación probatoria de la situación fáctica de los beneficiarios del archivo, salvo que no sea que éste probó con mayor profundidad, fehaciente y razonablemente su patrimonio y la congruencia de sus declaraciones juradas.
“En pocas palabras: ¿No les parece infantil, por no llamarlo de un modo más urticante pero adecuado, que se pretenda probar un soborno con una declaración que se niega afirmar la existencia del mismo», comentó el jurista.
Manifestó que desde el año 2000 a la fecha, República Dominicana viene implementando una política de soporte financiero para el presupuesto, durante el período 2006-2014, que es el que incumbe a la investigación, el Congreso Nacional y las respectivas comisiones de Hacienda de ambas cámaras estudiaron y aprobaron, con los mismos procedimientos legislativos legalmente vigentes para los casos de Odebrecht.
