Abogados que buscan salvar un programa de la presidencia de Barack Obama que protege de la deportación a miles de personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños dijeron el miércoles ante una corte federal de apelaciones que ponerle fin a esa disposición trastocaría cruelmente las vidas de miles de personas que se han convertido en contribuyentes fiscales y ayudan a impulsar la economía del país.
Un abogado para Texas, estado que encabeza un intento por poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), alegó que los beneficiarios le han costado a la entidad cientos de millones de dólares en atención médica y otros costos.
Esas opiniones contrapuestas fueron planteadas ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans mientras afuera más de 100 partidarios del DACA portaban carteles, hacían sonar tambores y coreaban lemas, exigiendo la preservación del programa que ha amparado de la deportación a más de 600.000 personas y brinda a los inmigrantes una vía para la naturalización.
“Soy indocumentada y hoy hablaré claro”, afirmó Woojung “Diana” Park, de 22 años, de Nueva York. Dijo que la trajeron a Estados Unidos desde Corea del Sur cuando tenía 1 año. El DACA, dijo, “es lo estrictamente mínimo que el gobierno estadounidense ha ofrecido a las comunidades de inmigrantes tras décadas de lucha por los derechos humanos elementales”.
Un juez federal en Texas declaró ilegal el DACA el año pasado, pero aceptó que siguiera vigente en su forma actual para los ya beneficiados mientras prosiguen las apelaciones a su fallo.
El Departamento de Justicia defiende el programa junto con el estado de Nueva Jersey, organizaciones activistas como el Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés), y una coalición de docenas de grandes empresas —Amazon, Apple, Google y Microsoft, entre otras_, según las cuales los beneficiarios del DACA son “empleados, consumidores y creadores de empleos”.
Texas, al que se han sumado otros ocho estados de tendencia republicana, alega que el DACA fue implementado sin pasar por los debidos canales legales y administrativos, entre ellos que se avisara al público y se estableciera un período para recibir comentarios. Además, los estados alegan que han sufrido perjuicios económicos debido a la permanencia ilegal de inmigrantes en el país.
Los defensores del DACA aseguran que el programa cae dentro de las facultades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de establecer prioridades a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración. “El DHS tiene recursos limitados”, alegó Brian Boynton, del Departamento de Justicia. “Carece de la capacidad para expulsar a 11 millones de personas en el país. Tiene que decidir a quiénes va a detener primero”.
En persona y en escritos ante la corte, los defensores del DACA han argumentado que Texas restó fuerza a su reclamo de perjuicio financiero al esperar seis años para impugnar el programa. También dijeron que el estado ignora la evidencia de que los beneficiarios del DACA reducen los costos que Texas tiene que pagar porque muchos tienen empleos con prestaciones médicas, son propietarios de casas y pagan impuestos a la propiedad que se destinan a la financiación de escuelas.
Dijeron además que Texas tampoco ha mostrado que los beneficiarios del DACA saldrían del estado en caso de que el programa sea revocado. Ese punto fue recibido con escepticismo por el juez James Ho, quien subrayó que, según una encuesta incluida en los argumentos de Nueva Jersey, más de 20% de los beneficiarios del DACA respondieron que probablemente se marcharían si se aboliera el programa.
Boynton alegó que las respuestas de los consultados fueron meramente especulativas y que los partidarios del programa, en escritos, han cuestionado la metodología del sondeo. Pero Ho volvió a preguntar si las respuestas deberían ser desechadas.
“Esta es una pregunta acerca de, literalmente, toda tu vida”, dijo Ho a Boynton. “Se trata de una pregunta demasiado profunda como para equivocarse”.
Judd Stone, que presentó argumentos a nombre de Texas, dijo que el estado ha mostrado que gasta millones de dólares en beneficiarios del DACA y que la finalización del programa haría que algunos que reciben ese dinero se marchen. “No hay evidencia que muestre que ninguna de esas cifras sea de cero”, señaló Stone.
En alegatos ante la corte y en conferencias de prensa en Nueva Orleáns y Carolina del Sur el miércoles, partidarios del DACA dijeron que poner fin al programa tendría consecuencias devastadoras para los inmigrantes cuya vida se ha desarrollado en Estados Unidos casi totalmente.
“Soy padre de un hijo de 10 años, así que la revocación del DACA me dejaría en un limbo de no saber si llevaré a mi hijo a su próximo partido de fútbol americano”, dijo Yahel Flores, beneficiario del programa y director estatal para las Carolinas de la American Business Immigration Coalition —una coalición de líderes empresariales que respaldan el DACA_, en una conferencia con reporteros a través de Zoom.
En un escrito ante la corte, simpatizantes del programa dijeron que sus beneficiarios “son padres de más de un cuarto de millón de ciudadanos estadounidenses, y el 70% de los beneficiarios tienen un familiar inmediato que es ciudadano estadounidense”:
El DACA ha enfrentado numerosos juicios desde que Obama lo creó por decreto en 2012. Su sucesor, Donald Trump, trató de eliminarlo, pero la Corte Suprema sentenció que no lo había hecho de la manera adecuada, por lo que el máximo tribunal lo reanudó y permitió que más personas lo solicitaran. A ese fallo siguió la demanda encabezada por Texas.
Los magistrados asignados en el 5to Circuito para escuchar los argumentos son la jueza presidenta Priscilla Richmann, nombrada por el presidente George W. Bush, así como Ho y el juez Kurt Engelhardt, ambos nombrados por Trump.
