Amnistía Internacional dijo el martes que Israel ha mantenido “un sistema de opresión y dominación” sobre los palestinos que se remonta a su establecimiento en 1948 y que se ajusta a la definición internacional de apartheid.
Con la publicación de un reporte de 278 páginas compilado durante cuatro años, el grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Londres se suma a Human Rights Watch y al grupo israelí B’Tselem en acusar a Israel de apartheid, tanto dentro de sus fronteras como en los territorios ocupados.
Sus conclusiones forman parte de un creciente movimiento internacional para redefinir el conflicto palestino-israelí como una lucha por la igualdad de derechos en lugar de como una disputa territorial. Esos esfuerzos han ganado impulso en la década transcurrida desde la paralización del proceso de paz, a medida que Israel ha consolidado su control sobre los territorios ocupados alejándose de la idea de un Estado palestino.
Israel rechaza cualquier acusación de apartheid y acusó a Amnistía Internacional de deslegitimar su existencia y fomentar el antisemitismo.
Israel alega que sus ciudadanos árabes tienen igualdad de derechos. Concedió una autonomía limitada a la Autoridad Palestina en el apogeo del proceso de paz en la década de 1990, y retiró a sus soldados y colonos de Gaza en 2005.
Pero Amnistía Internacional y los otros grupos dicen que la propia fragmentación de los territorios en los que viven los palestinos forma parte de un régimen general de control diseñado para mantener la hegemonía israelí desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán.
Señalan las políticas discriminatorias dentro de Israel y en el este de Jerusalén, el bloqueo israelí a la Franja de Gaza — que está gobernada por el grupo insurgente Hamas desde 2007 — y su anexión de facto de Cisjordania, donde ejerce un control total y está construyendo y ampliando los asentamientos judíos que la mayoría de la comunidad internacional considera ilegales.
Los palestinos llevan décadas acusando a Israel de apartheid. La Autoridad Palestina, que controla partes de Cisjordania y coopera con Israel en materia de seguridad, dio su visto bueno al informe.
Según Amnistía Internacional, estas políticas se remontan a la creación de Israel en 1948. Alrededor de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados durante la guerra árabe-israelí que rodeó a su establecimiento. Eran cerca del 80% de la población palestina en lo que ahora es Israel. Israel prohibió el regreso de los refugiados para mantener su mayoría judía.
Los palestinos que se quedaron en Israel vivieron bajo un régimen militar hasta poco antes de la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel capturó Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza, los territorios que los palestinos quieren para su futuro Estado.
Hoy día, los palestinos que viven en Israel tienen la ciudadanía israelí, incluyendo el derecho al voto, y algunos han llegado a las altas esferas de los negocios, el derecho, la medicina y el entretenimiento. Pero, en general, enfrentan una discriminación generalizada en áreas como la búsqueda de empleo y de vivienda. En Cisjordania viven bajo el dominio militar israelí, mientras que los residentes en Gaza sufren el asfixiante bloque egipcio-israelí.
Los palestinos representan alrededor del 20% de los 9,4 millones de habitantes de Israel. Pero las poblaciones judía y árabe son casi iguales si se incluye a Gaza y Cisjordania.
“Desde su creación en 1948, Israel ha seguido una política de establecimiento y mantenimiento de una hegemonía demográfica judía y de maximización de su control de la tierra para beneficiar a los israelíes judíos, al tiempo que restringe los derechos de los palestinos e impide que los refugiados palestinos regresen a sus casas”, apuntó Amnistía Internacional. “Israel ha ampliado esa política a Cisjordania y la Franja de Gaza, que ha ocupado desde entonces”.
Israel rechazó los reportes previos por considerarlos parciales, pero ha adoptado una postura más beligerante hacia Amnistía Internacional, acusándola de antisemitismo y de deslegitimar la propia existencia de Israel incluso desde antes de la publicación de su reporte.
“Su lenguaje extremista y la distorsión del contexto histórico fueron diseñados para satanizar a Israel y echar leña al fuego del antisemitismo”, dijo el Ministerio de Exteriores el lunes.
Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, rechazó esas acusaciones, las cuales calificó como “ataques sin fundamento” y “mentiras descaradas”. Dijo que Amnistía reconoce al Estado de Israel y denuncia el antisemitismo, y que las acusaciones en sentido contrario no son “más que un intento desesperado de eludir el escrutinio (y) desviar la atención de nuestras conclusiones.”
Estados Unidos generalmente no comenta sobre reportes de grupos externos, señaló Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, pero dijo que rechaza la postura de que las acciones de Israel constituyan un apartheid.
Ninguno de los informes comparó a Israel con el apartheid en Sudáfrica, donde entre 1948 y 1994 estuvo en vigor un sistema basado en el supremacismo blanco y la segregación racial. En su lugar, evaluaron las políticas israelíes en base a convenios internacionales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define apartheid como “un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre cualquier otro”.
La Corte Penal Internacional está investigando posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y milicianos palestinos en los últimos años. Después de la guerra en Gaza del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una comisión de investigación permanente para revisar los abusos cometidos contra palestinos en Israel, Cisjordania y Gaza, incluida la “discriminación y represión sistemática basada en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa”.
Una comisión de este tipo es el órgano de investigación más intrusivo que el consejo puede crear y, por primera vez, éste recibió un mandato “continuo” o permanente.
Israel ha acusado tanto a la Corte Penal Internacional como al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener prejuicios en su contra y de señalarlo mientras otros países cometen violaciones mucho peores.
Yuval Shany, miembro del Instituto de la Democracia de Israel y de la Facultad de Derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo que es “muy improbable” que la CPI persiga las acusaciones de apartheid, dadas las complejidades que conlleva.
Señaló que la acusación de apartheid es “extrema y bastante infundada” dentro de Israel, a pesar de que existe discriminación. La situación en los territorios “es mucho más complicada”.
“Sí hay elementos que podrían calificar como discriminación, segregación y opresión, dada la duración de la ocupación”, comentó. Pero “es difícil distinguir entre las cuestiones que tienen que ver con la política de seguridad, con las reivindicaciones nacionales en competencia, y lo que es una agenda racista”.
Utilizar el lenguaje de apartheid es “ir demasiado lejos”, afirmó.
El mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, comentó a los reporteros que prevé que este año se intensifiquen los esfuerzos para tachar a Israel de Estado de apartheid, lo que podría llevar a que se le prohíba participar en eventos deportivos o culturales. Dijo que la reactivación de un proceso político con los palestinos ayudaría a combatir esos esfuerzos.
El proceso de paz se detuvo hace más de una década, y el actual primer ministro de Israel, Naftali Bennett, se opone a la creación de un Estado palestino. Encabeza una coalición difícil de manejar que incluye miembros más moderados como Lapid e incluso un pequeño partido árabe.
En parte debido a sus divisiones internas, el gobierno israelí ha descartado cualquier iniciativa importante para resolver el conflicto. Pero varios funcionarios de alto rango, entre ellos Lapid y el ministro de Defensa, Benny Gantz, se han reunido con líderes palestinos con el objetivo de impulsar la economía palestina y sentar las bases para las negociaciones en el futuro.
