SANTO DOMINGO. -El abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón afirmó que el Estado dominicano invierte miles de millones de pesos en la atención de las parturientas haitianas, más que cualquier otro país, un costo enorme porque provienen de un país colapsado y con carencia de sistema de salud.
Al referirse a la denuncia de violencia y discriminación de las migrantes haitianas en la República Dominicana que hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que es necesario aclarar que ese organismo da seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Estado dominicano en relación con la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
El abogado indicó que están incluidos varios países sobre cumplimientos parciales o incumplimientos de obligaciones asumidas por los estados, es decir, no se trató de un informe en el que el país fuera el único con un memorial de incumplimientos.
Dijo que también es importante que el país sepa que a esas revisiones periódicas que se hacen y que los estados firmantes de esa convención se obligan a rendir, asisten usualmente ministros, el embajador dominicano ante el organismo y también una delegación que acompañó en la presentación oficial.
¨El Estado dominicano hizo una presentación como si fuera una especie de rendición de cuentas en la que se exhibieron logros, pero en la que no se asumió una actitud a la ofensiva en aquellos puntos en donde el país es imperativo¨, expresó al ser entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7.
Explicó que cuando se lee el informe no trata de ese tema, tras destacar, qué se dejó de ponderar una información que resultaba muy útil para poner en contexto el por qué luego de que las parturientas haitianas alumbran, recibiendo la generosidad de otro país pobre como la República Dominicana, tienen que hacer que retornen a su país junto con sus vástagos y eso es porque son migrantes irregulares.
Castillo Pantaleón precisó que hubo otras deficiencias de información que debieron ser oportunamente planteadas, entre estas, cuáles son las reglas del acceso a la nacionalidad dominicana y que, por lo tanto, no les corresponde a los hijos de los extranjeros que no son residentes, que se encuentran en tránsito y menos a los que tienen condición migratoria irregular. Destacó que en ese punto en el informe brilla por su ausencia.
Sostuvo que dicho informe parte de premisas absolutamente falsas, por ejemplo, que el Estado dominicano no concede un estatus migratorio a las parturientas y la exigencia que plantea discriminación pensé.
¨La diferencia entre extranjero y nacional por sí sola no es discriminatoria. No plantea la obligación de un Estado de acoger en su país simplemente por la condición de gravidez de embarazo o de parto a una persona, eso no regulariza su situación migratoria¨, expresó.
Dijo que son situaciones que de haber sido planteadas pudieron haber servido para conjurar lo que era previsible, porque era un informe que planteaba que la República Dominicana de alguna manera discrimina a las mujeres haitianas.
Al preguntarle ¿Qué piensa de la exhortación para que el país otorgue permiso de residencia permanente a toda haitiana que alumbre en territorio dominicano cuyos hijos sean criados aquí?
El abogado manifestó que la exhortación no tiene carácter obligatorio, es una recomendación al Estado y no tiene un efecto vinculante ni obligatorio. A su entender, la realidad insular debe ser mejor conocida y es una responsabilidad de las funciones que desempeñan los diplomáticos dominicanos en todos los escenarios donde están acreditados.
¨No tienen manera de enterarse los 23 comisionados del Comité de realidades que las propias comisiones de los países no les exponen. Todo lo que se calla se le da aquiescencia y faltó un discurso más proactivo anticipándose a lo que previsiblemente iba a terminar ocurriendo¨, agregó.
