Santo Domingo.– El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito nacional, Rigoberto Sena, impuso la noche de este domingo prisión preventiva a ocho imputados en el caso Senasa 2.0 y declaró complejo el proceso relacionado con un presunto entramado de corrupción en perjuicio del Estado.
El ministerio público había solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del expediente. Reportes posteriores a la decisión indican que los ocho imputados deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva.
Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación cumplirán la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.
Mientras, Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almanzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron enviadas al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres.
El Ministerio Público atribuye al grupo y a otros procesados participación en un presunto esquema que habría causado un perjuicio superior a RD$40 millones al Estado mediante operaciones vinculadas al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Durante la audiencia, celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el magistrado también impuso arresto domiciliario a Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borrome Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Víctor Felipe Rodríguez García.
Asimismo, dispuso garantía económica para Luz Esther Reyes, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora, Juan Gabriel Rodríguez, Martha María Saldaña y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
Para otros imputados fueron establecidas medidas que incluyen garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. El tribunal conoció medidas contra 26 personas dentro del expediente.
A su salida de la audiencia, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, exhortó a los médicos a no facilitar sus códigos de acceso, al advertir sobre las posibles consecuencias penales de esa práctica.
“Exhorto a los médicos a que no presten su código. Prestarlo puede arrastrarlos a un proceso penal”, expresó.
