La Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) apoya totalmente la medida del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) de suspender la matriculación de estudiantes para carreras docentes con base en la normativa vigente, hasta que se revise la Meta Presidencial sobre Formación Docente para la Excelencia, en la que se basa la aplicación de dos pruebas que muchos aspirantes a profesores no logran pasar.
“Pero no solamente el problema es que no pasen la prueba, porque también se hizo una variación. Las pruebas tenían un rigor de una puntuación que debían de tener y, al momento en que se empezaron a aplicar, prácticamente, el 80 por ciento que tomaba la prueba no la pasaba”, dijo ayer a Diario Libre, José Alejandro Aybar, presidente de la ADOU.
Explicó que la medida del Mescyt se tomó por una solicitud de la entidad –que agrupa a 33 universidades– junto con la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) y su presidente, Alfredo de la Cruz Baldera, quien además es rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).
“Esa reunión se llevó a cabo en la Pucmm, donde participaron las directivas de ADOU y ADRU, y solicitamos su revisión (de la normativa 09-15), la cual le ha creado mucho daño a la formación de docentes en el país”, dijo Aybar.
Dentro de la citada meta presidencial, y para garantizar que los maestros se integren con mejores calidades al sistema educativo, se comenzó a aplicar de forma obligatoria –como manda la normativa 09-15- la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA) y la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del College Board, que pone exigencias mayores para la entrada a la carrera docente para la excelencia.
Aybar, quien es rector de la Universidad del Caribe (Unicaribe), puso como ejemplo que en la Universidad Tecnológica del Sur (Utesur), “que era una universidad que su mayor población era de estudiantes de educación, de un día para otro, se vieron en la situación de que no podían aceptar a ningún estudiante en esa carrera porque no pasaban las pruebas”.
En un informe, entregado en agosto del año pasado por la anterior gestión del Mescyt, se indica que la Meta Presidencial sobre Formación Docente para la Excelencia –trazada en el período 2016-2020- fue preparar 20,000 maestros de excelencia, sin embargo, solo ingresaron a la formación docente 5,000, y habían egresado unos 370. Según Aybar, hay universidades que han estado “al borde de cerrar” por la forma drástica en que bajó su población estudiantil.
El Mescyt, en colaboración con el fondo de inversión de impacto INICIA Educación, financió la primera aplicación de la prueba PAA, y las universidades asumieron posteriormente el coste.
“No entendemos por qué debemos pagar 15 dólares por cada prueba de PAA, la cual envían desde Puerto Rico al país, y deben volver a Puerto Rico para ser evaluadas; luego devuelta al país con los resultados a veces seis meses después de tomarlas”, se quejó Aybar. Entiende que este no es un examen para un contexto y vocabulario dominicano.
Aybar apoya que se apliquen evaluaciones de este tipo, pero considera que en el país hay académicos con la preparación suficiente para elaborarlas. Y, bajo ese entendido, propugna porque la POMA sea mejorada, y se elimine la PAA para ser sustituida por otra hecha para un público local.
La evaluación de Sistematización de la Meta Presidencial Formación Docente de Excelencia en República Dominicana, hecha el año pasado, contiene los resultados de un estudio realizado en 2012 por el Mescyt que reveló que la mayoría de los estudiantes de las carreras de educación procedía de familias de bajos recursos: más del 75 % con ingresos de entre RD$4,000 y RD$9,000 mensuales.
También, sus padres tenían bajo nivel escolar; más del 70 % no pasó del nivel primario.
Más de la mitad (58 %) de los alumnos en ese entonces trabajaba y estudiaba al mismo tiempo para cubrir su carrera. Ese perfil, que dificulta que se puedan dedicar de manera exclusiva a los estudios universitarios, fue uno de los factores que condujo al Mescyt a aprobar un amplio sistema de becas dirigido a apoyar a estudiantes pertenecientes a programas de educación regidos por la normativa 09-15.
Hasta agosto de 2020 se habían distribuido 12,000 becas al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) y 8,000 al Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), que las distribuye entre las universidades.
Pero también se evaluó al cuerpo docente de las instituciones de educación superior. Un alto porcentaje de estos no tenía maestría en la disciplina que enseñaba, de acuerdo al documento. Una muy baja proporción tenía doctorado -no superando el 2 % en la mayoría de los casos- y solo el 11 % de los profesores trabajaba a tiempo completo en la academia.
Refleja el análisis de la meta que la mayoría de los programas de formación docente tiene un bajo porcentaje de créditos en contenido disciplinario, excesivo énfasis a estrategia de enseñanza-aprendizaje centrada en la exposición, y práctica docente poco regulada y articulada con el programa.
Además de la modificación del POMA y la PAA, Aybar sugiere que el Mescyt debe dar un seguimiento más de cerca a las universidades para comprobar la calidad de sus ofertas académicas.
La aprobación y aplicación de la normativa 09-15, que obliga a las instituciones de educación superior a garantizar las competencias a los futuros docentes, responde a un problema histórico que se remonta a la década de 1960, cuando en la República Dominicana se democratiza la educación después de la Revolución de Abril de 1965 y se produce una apertura educativa.
Esto provocó una avalancha de estudiantes hacia las aulas universitarias, produciéndose un elevado crecimiento de la matrícula en las carreras de educación, de acuerdo al Informe de Sistematización de la Meta Presidencial Formación Docente de Excelencia en República Dominicana (Normativa 09-15).
“No había un criterio claro para evaluar y seleccionar a los estudiantes, e incluso se aceptaba a muchos que no habían podido acceder a otra titulación. En aquel entonces, no había ninguna restricción para estudiar educación, es decir cualquier estudiante que egresaba del bachillerato podía matricularse en una universidad”, reseña el estudio.
Para el año 2010 había 25,785 matriculados en las carreras de Educación Básica y Educación Inicial, subiendo a 40,635 en 2018, de acuerdo a estadísticas del Mescyt.
Refiere el informe sobre la meta presidencial que, de manera tradicional, los estudios de educación han sido una opción que sobretodo escogen jóvenes procedentes de estratos sociales humildes, con una experiencia en educación preuniversitaria poco sólida y, consecuentemente, sin un nivel de conocimientos y competencia suficientes para el pleno aprovechamiento de sus estudios superiores.
Estos elementos, junto a los déficits que presentaba la formación del profesorado, condujeron a firmar el Pacto por la Reforma de la Educación Dominicana que recoge, entre otras acciones, la propuesta de la POMA y la PAA.
En el 2011, se elabora una primera normativa, y en el 2015 el Consejo Nacional de Educación Superior aprueba la nueva normativa que va a regir la formación de maestros.
El ministro Franklin García dijo en diciembre de 2020 que el informe de evaluación de la meta presidencial estaría para marzo pasado, pero Aybar informó que no se ha concluido.
