Los sindicatos franceses buscan este martes con nuevas huelgas y manifestaciones mantener el pulso contra la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, que, tras haber perdido la batalla de la opinión pública, espera lograr el apoyo del Parlamento.
La huelga era muy acatada temprano por la mañana en los transportes, particularmente en el metro de París, los trenes de cercanías de la región parisina y los ferrocarriles de provincia, donde la circulación era cercana a cero.
Casi dos semanas después de sacar a la calle a más de un millón de personas, según las autoridades -el doble, para los sindicatos-, los opositores esperan muchos más manifestantes en Francia, donde el rechazo a la actual reforma progresa en la opinión pública.
“La primera ministra [Élisabeth Borne] no puede seguir haciendo oídos sordos a esta formidable movilización que se ha creado (…): ‘Escuche este descontento que se expresa por todas partes’”, urgió el lunes Laurent Berger, líder de la CFDT, el principal sindicato.
«Para Macron/Borne, un buen jubilado es un jubilado muerto», en una pancarta colgada en Toulouse (AFP)
Borne aseguró el domingo que el retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años “ya no era negociable”, enfureciendo a la oposición de izquierda que llamó a una “moción de censura popular” en las calles, donde hay convocadas 240 manifestaciones.
La segunda economía de la Unión Europea (UE) vive una nueva jornada de huelga que golpea especialmente el transporte público en París y los trenes regionales en Francia, así como la educación pública, donde la mitad de los profesores de infantil a liceos no trabajará.
Once mil policías y gendarmes se movilizarán en Francia, entre ellos 4.000 en París, indicó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que pidió protestas “sin incidentes graves”. Los servicios de inteligencia esperan un total de 1,2 millones de manifestantes.
Un hombre mira el panel de información en la estación Gare Montparnasse durante la huelga, en París (Reuters)
La nueva jornada de protesta podría aumentar la tensión en la Asamblea Nacional (cámara baja), que comenzó la víspera el examen en comisión de la reforma y que tiene menos de una semana para debatir las 7.000 enmiendas presentadas antes de que llegue al pleno el lunes.
Con el rechazo ya anunciado del frente de izquierdas Nupes y de la extrema derecha, el gobierno espera el apoyo del partido de derecha Los Republicanos (LR), favorable a una reforma pero dividido sobre esta, reconoció la víspera su diputado Stéphane Viry.
Sabedores que sus votos son claves, los legisladores de LR aumentan sus exigencias sobre la reforma en varios de los puntos más impopulares: una mejor consideración para las mujeres sin una carrera laboral continua, para quienes empezaron a trabajar jóvenes, etc.
El FMI, al rescate del gobierno
Sin embargo, el retraso de la jubilación a 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años -y no 42 como ahora- para cobrar una pensión completa cristaliza la oposición de la opinión pública, que progresa pese al esfuerzo del gobierno para convencer.
Desde La Haya, Emmanuel Macron, de 45 años, defendió de nuevo el lunes una reforma “indispensable”, máxime cuando la edad de jubilación en Francia es una de las más bajas de Europa, para “salvar” un sistema que, según el gobierno, afrontaría un déficit en el futuro.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió el lunes al rescate de este ex banquero de negocios, al expresar su apoyo a una reforma, que junto a la aprobada sobre el seguro por desempleo, permitiría que Francia reduzca su deuda pública, situada por encima del 110% del PIB.
Desde su llegada al gobierno en 2017, el presidente centrista defendió su voluntad de “sacudir” el sistema con sus reformas de corte liberal, que en ocasiones han impulsado su imagen de “presidente de los ricos”, como durante la protesta social de los chalecos amarillos.
La reforma de las pensiones es clave en su estrategia. Después que la pandemia le obligara a retirar un primer intento, el gobierno escogió un polémico procedimiento parlamentario que le permite aplicar el actual plan, si el Parlamento no se pronuncia para finales de marzo.
