Una mujer del municipio brasileño de Planalto, en el estado de Río Grande del Sur, ha sido acusada de asesinato después de estrangular a su hijo de 11 años porque estaba harta de que jugara con su teléfono celular hasta altas horas de la noche, informan medios locales.
Alexandra Dougokenski de 33 años fue acusada el jueves pasado de la muerte de su vástago Rafael después de confesar el crimen. Según los informes policiales, el asesinato tuvo lugar el 15 de mayo, día que la mujer acudió a las autoridades a denunciar la desaparición del niño y desde el cual cambió su versión de los hechos. El suceso se produjo pocas semanas después de que Rafael escribiera una carta expresando lo mucho que amaba a su madre.
El cuerpo sin vida del menor fue encontrado por las autoridades diez días después en una gran caja de cartón en el garaje de una casa cercana. En un inicio, la sospechosa declaró que había administrado píldoras para dormir a su hijo y que la muerte fue causada por una sobredosis. Sin embargo, los forenses encontraron signos de asfixia en el cadáver.
Finalmente, Alexandra confesó que «ya no podía vivir con la mentira». Relató que al despertarse por la madrugada, fue a la habitación del niño y lo encontró todavía despierto, jugando con su teléfono celular. En ese momento, perdió el control y tomó una cuerda de la lavandería para estrangularlo.
Luego, la mujer cubrió la cabeza del cadáver del niño con una bolsa y sacó el cuerpo de la habitación para ocultarlo. «Rafael estaba agitado y se dormía a alrededor de las 3 de la mañana. No me detuve a pensar por qué hice eso», declaró la acusada, asegurando que actuó sola.
El encargado de la investigación del Departamento de Homicidios, Eibert Moreira Neto, señaló que Alexandra tiene un comportamiento perfeccionista y metódico, y que esto, asociado con el hecho de que Rafael estaba entrando en la etapa de la adolescencia, causó que la madre perdiera el control, recoge Diario Gaucho.
La mujer fue acusada de asesinato intencional, además de entrega de información falsa a la Policía y ocultamiento de un cadáver, delitos por los que puede enfrentar hasta 30 años de prisión.
