El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes que suspende la emisión de permisos de residencia permanente para extranjeros, conocidos como “green card”, en un endurecimiento de su política migratoria en plena pandemia de COVID-19.
Trump hizo este anuncio cuando los casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos superan los 818.000 tras sumar otros 26.000 contagios este martes y los fallecidos alcanzan los 45.300, 2.800 de ellos en las últimas 24 horas.
La cifra de contagios en Estados Unidos multiplica por cuatro la de España, segundo país con más casos confirmados; y la de fallecidos prácticamente dobla la de Italia, segundo país con más muertos en esta pandemia.
SIN “GREEN CARDS”
Pese a que Trump aseguró este lunes que tenía intención de pausar toda la inmigración, la medida impulsada por el Gobierno, que tendrá una duración inicial de 60 días, excluye de la suspensión los visados especiales temporales, como los agrícolas o los de especialistas tecnológicos.
“Pausando la inmigración ayudaremos a que los estadounidenses desempleados sean los primeros en la búsqueda de empleos mientras Estados Unidos reabre. Sería incorrecto e injusto que los estadounidenses despedidos fueran reemplazados por inmigrantes llegados desde el extranjero”, dijo Trump en la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la COVID-19.
“Tenemos -agregó- el solemne deber de asegurar que estos estadounidenses desempleados recuperen sus trabajos y sus sustentos”.
Las medidas de confinamiento contra el nuevo coronavirus han destruido 22 millones de empleos en todo el país en un periodo de cuatro semanas, según datos del Departamento de Trabajo, una cifra sin precedentes en las anteriores crisis.
El presidente detalló en la conferencia de prensa que la suspensión se hará efectiva tras la firma mañana de una orden ejecutiva que se está redactando en estos momentos y que contendrá algunas excepciones. También dijo que la extensión o no de la orden más allá de los 60 días iniciales dependerá de las “condiciones económicas”.
Las excepciones, según medios locales, permitirán que familiares extranjeros de ciudadanos estadounidenses sigan recibiendo sus “green cards”.
CIERRE A LA INMIGRACIÓN
Cada año el Gobierno de EE.UU. emite más de un millón de permisos de residencia permanente para ciudadanos extranjeros, entre ellos unos 50.000 por sorteo a través de un programa de diversidad que Trump ha tenido entre ceja y ceja desde que llegó al poder en enero de 2017.
Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Trump ha cerrado las fronteras terrestres con Canadá y México, a la vez que el tráfico aéreo internacional está suspendido en la práctica, y los consulados y embajadas han limitado sus servicios de visados.
Además, EE.UU. ha suspendido leyes migratorias y devuelve de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo y los inmigrantes sin papeles que cruzan su frontera, por lo que el Gobierno está utilizando desde hace semanas la pandemia para endurecer su política migratoria.
UN NUEVO RESCATE
Trump y la oposición demócrata acordaron este martes aprobar un plan de rescate económico de casi 500.000 millones de dólares que incluye fondos para hospitales y pequeños negocios, en un intento por frenar los estragos del coronavirus.
Este nuevo acuerdo, aprobado este mismo martes por el Senado, incluye específicamente 484.000 millones de dólares y eleva a 3 billones el monto total de ayudas, lo que equivale al producto interior bruto (PIB) del Reino Unido.
El acuerdo incluye 321.000 millones de dólares en préstamos con interés bajo para pequeños negocios, 75.000 millones de dólares para hospitales y 25.000 millones para incrementar el número de pruebas de detección del virus que se hacen a nivel nacional.
Si la Cámara Baja lo aprueba, será el cuarto paquete de estímulo destinado a paliar los estragos del virus en Estados Unidos.
MISURI DEMANDA A CHINA
La Fiscalía General de Misuri demandó este martes al Gobierno de China, el Partido Comunista de China y a funcionarios e instituciones de ese país por su actuación ante el coronavirus que, aseguró, “ha llevado a la pérdidas de vidas” en este estado.
La demanda, interpuesta en una corte del Distrito Este de Misuri, sostiene que “durante semanas críticas al inicio del brote, las autoridades chinas engañaron al público, ocultaron información crucial, arrestaron a denunciantes y negaron la transmisión entre humanos pese a las pruebas crecientes”.
