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Tribunal ratifica prisión preventiva a tres acusados de estafa de más de RD$2,500 millones a través de Coop-Herrera

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Santo Domingo (República Dominicana).- En Atención al pedimento del Ministerio Público, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado de Santo domingo oeste ratificó este viernes la prisión preventiva a tres de los acusados de integrar la red que cometió una estafa de RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) y que fue desmantelada con la Operación Búho.


El tribunal ratificó la prisión preventiva a los acusados Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra tras rechazar la solicitud de cese de la prisión preventiva presentadas por sus respectivas defensas.


Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador general de corte Eduardo Velázquez Muñoz, de la Dirección General de Persecución, y el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).


El presidente del tribunal, magistrado Julio Aybar, adoptó la decisión tomando en cuenta que el plazo razonable aún se mantiene y que el cese de la prisión no es automático, sino, que el juez debe tomar en cuenta otros aspectos como lo es que el Ministerio Público está listo para presentar su discurso de apertura en el inicio del juicio el próximo 20 de noviembre de 2026.


También, por la gravedad de los hechos, la pena a imponer en caso de sentencia condenatoria y de que los presupuestos que presentaron en la audiencia de este viernes ya fueron ponderados con anterioridad por otros jueces y que son insuficientes.


Además, se tomó en cuenta que el juicio inicia en dos semanas y no ofrecen garantías para enfrentar su proceso en libertad, por lo que en su caso la medida de coerción más idónea es la prisión preventiva que pesa en su contra.


Con la decisión, Gabriel Santana Borsilea continuará cumpliendo la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, y Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.


El proceso también se sigue en contra de los acusados Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, así como a Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.


También, a las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L.


Afectaron a más de 366 víctimas


Con el fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas, señala el órgano acusador en el expediente.


El Ministerio Público sustentó la acusación con cientos de medios de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos.


El órgano persecutor puso en marcha el 4 de octubre de 2023 la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses, que llevó al arresto de los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.


La operación movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.


Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.


Los procesados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.


La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.

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