Tribunal Constitucional anula sancionar a policías y militares por su preferencia sexual
Santo Domingo.– El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la Sentencia TC/1225/25, mediante la cual declara inconstitucional y expulsa del ordenamiento jurídico los artículos 210 de la Ley 285-66 y 260 de la Ley 3483-53, que penalizaban la llamada «sodomía» dentro de los regímenes disciplinarios de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Según la sentencia, estas normas redactadas en 1953 y 1966 establecían penas de prisión correccional para miembros de ambas instituciones que mantuvieran relaciones sexuales consensuadas con personas del mismo sexo, aun cuando estos actos ocurrieran fuera del servicio, en espacios privados y sin vínculo con el desempeño funcional.
La sentencia subraya que a diferencia de otras infracciones disciplinarias, estas sanciones no guardaban relación con el servicio, el orden interno ni el ejercicio del deber, lo que las alejaba de la naturaleza del régimen castrense y las convertía en una intromisión directa en la vida íntima de los agentes.
Destaca que, según estándares comparados citados por el propio expediente, los regímenes militares solo deben incluir faltas que afecten el servicio, criterio violado por estas disposiciones preconstitucionales.
Explica que los artículos 210 de la Ley 285-66 y 260 de la Ley 3483-53 resaltan que el uso del término «sodomía», además de arcaico, posee una carga histórica discriminatoria y despectiva, incompatible con los principios de un Estado democrático moderno.
La sentencia explica que tras evaluar los argumentos constitucionales, la jurisprudencia comparada y las obligaciones internacionales del país, el Tribunal decidió admitir la acción directa presentada contra los artículos 210 y 260, ambos pertenecientes a los antiguos códigos de justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. La alta corte determinó que dichas disposiciones no se ajustaban a los parámetros establecidos por la Constitución vigente.
En consecuencia, el Tribunal declaró que ambos artículos eran no conformes con la Constitución y ordenó su expulsión definitiva del ordenamiento jurídico dominicano.
