La litis judicial que promueve el Estado dominicano para recuperar los terrenos adquiridos por particulares de forma fraudulenta en la parcela 40, de la zona de Pedernales lleva 4 años en la jurisdicción inmobiliaria de Barahona.
La demanda que persigue la nulidad de los títulos de propiedad y otras actuaciones realizadas de forma irregular, fue interpuesta en febrero del año 2016, por ante el presidente del Tribunal de Tierras de la jurisdicción original de Barahona, que es la instancia de primer grado.
Esa parcela consta de 12,293 hectáreas, y según se informó, se extiende desde el pueblo de Pedernales hasta la frontera con Haití.
En la demanda se establece que el 75 por ciento de esa parcela forma parte del Parque Nacional Jaragua, creado mediante el decreto 1315, emitido el 11 de agosto del 1983 por el presidente Salvador Jorge Blanco.
Figuran como demandantes el Estado Dominicano, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), la Dirección General de Bienes Nacionales, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo.
En la instancia consta que el Estado dominicano resultó ser el propietario de la parcela 40, del Distrito Catastral 3, del municipio de Enriquillo, en virtud del decreto de registro número 49294, de fecha 15 de febrero del 1949, dictado por el Tribunal Superior de Tierras y en base a este se expidió el certificado de título número 6, sobre esa parcela.
Indica que obviando todos los procedimientos de ley, la Dirección General de Bienes Nacionales, transfirió la parcela al IAD mediante un simple oficio, en la década del 90, “realizando desde entonces decenas de transferencias que devienen nulas radical y absolutamente, por el producto de un inexistente asentamiento agrario realizado de manera fraudulenta por dicha institución, desconociendo la propia ley 5879, de fecha 27 de abril de 1962, que creó tal institución”.
Señala que el director de IAD, en connivencia con otros funcionarios, realizó diversas transferencias utilizando maniobras fraudulentas.
Recuerda las acciones penales que inició el Estado dominicano en contra del entonces director del IAD, Jaime Rodríguez Guzmán, y otros funcionarios. Precisa que muchas de las personas que adquirieron los espurios derechos de propiedad dentro de la parcela 40, al igual que de la 275-A (que ya fue recuperada por el Estado mediante sentencia) hicieron entrega voluntaria al procurador general de sus títulos y constancias de ventas para su cancelación, reconociendo que se originaron a partir de acciones fraudulentas.
Citan en la instancia, que la jueza de la jurisdicción original a cargo de la litis del caso de Bahía de las Águilas, excluyó la parcela 40 del expediente, lo cual fue aceptado por los demandantes, bajo el fundamento de que en nada perjudicaba a los legítimos propietarios, y porque no había riesgo de inadmisibilidad por prescripción, debido a que está apoderada la jurisdicción penal.
“El fraude en perjuicio del Estado dominicano, y de manera particular contra el Instituto Agrario Dominicano, alcanza niveles gigantescos, al extremo de que las aceleradas maniobras, produjeron situaciones de gran desorden en los archivos y registros de la documentación requerida”, precisa la demanda.
