El más reciente intento de crear una falsa crisis en el ministerio público, responde a que se afinan investigaciones que afectan altos intereses económicos, con fuertes enchufes políticos.
Es hasta lógico el esfuerzo, que no será el último, para restar credibilidad al órgano persecutor.
En la Procuraduría General de la República, ni en los ministerios y agencias del gobierno, nunca existirá la unanimidad respecto a los diversos y delicados temas que tratan.
Siempre habrá visiones diferentes entre políticos, técnicos, burócratas, improvisados, en fin, entre la miríada de sujetos que convergen en la administración pública.
En el caso del ministerio público, hay un alto nivel de profesionalización y se ha fortalecido la carrera, de la que se lanzan dudas al registrar casi todo su trayecto al amparo de un solo partido político.
Claro, la cabeza marca la pauta y los procuradores precedentes fueron dirigentes del partido de gobierno hasta que el presidente Luis Abinader al asumir en el año 2020, designó a Miriam Germán.
Al cambiar el gobierno, luego de 16 años corridos de peledeismo y numerosas denuncias acerca de irregularidades administrativas, se rompió la tradición de que la Presidencia politizara los casos de corrupción a través de un dirigente partidario.
La lucha de sospechosos de corrupción, políticos o no, con algunos coros mediáticos, es desmentir la independencia del ministerio público y descalificarlo a toda costa.
De repente algunos descubrieron lo que muchos denunciábamos, relativo a las violaciones a derechos fundamentales y a la obligatoriedad a la objetividad que tiene el ministerio público en las investigaciones. (Esto último y la vocación por la prisión preventiva en casos innecesarios no ha desaparecido en muchos fiscales).
En el más reciente episodio con motivo de la investigación al exministerio de Hacienda, Donald Guerrero por alegada sustracción de cerca de 20 mil millones de pesos con alegadas maniobras que involucrarían a otros exfuncionarios, empresarios y ciudadanos, se magnificó diferencia de criterios de Germán y la directora general de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.
Germán, garantista, proveniente de la Suprema Corte de Justicia y con un historial de enfrentarse a los intereses políticos (gobiernos de Joaquín Balaguer) en defensa de las libertades públicas, y Reynoso que siempre ha estado en la persecución desde que inició como ayudante (adjunta) fiscal en Santiago y que evita dar mucho espacio a “su presa”.
La Procuradora dio una instrucción escrita el 18 de marzo, y citó la Constitución, el Código Procesal Penal y la ley Orgánica del Ministerio Público, para que se permitiera el acceso a la carpeta fiscal a Donald Guerrero y Reynoso respondió el 25 de abril y solicitó a Germán una reconsideración (prevista en la legislación), al entender que pondría en riesgo la investigación. La decisión, agregó, establecería una jurisprudencia que pondría en amenazarían decenas de investigaciones en casos como narcotráfico, lavado de activos y trata y tráfico de personas.
(Ayer trascendió que la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó a la Pepca la obtención de información financiera respecto de una investigación abierta contra Donald Guerrero, otros exfuncionarios y empresarios por alegado desfalco contra el Estado. Kenya Romero ordenó a las superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, DGII e Idecoop a proveer los informes a la Pepca).
Ahora es que esto comienza. Faltan otros muchos casos, que podrían traer diferencias en los enfoques entre la joven funcionaria que no quiere dejar escapar a quienes entiende corruptos y la veterana funcionaria que cuida celosamente los derechos fundamentales de ciudadanos y su exitosa e incólume carrera de casi 50 años en la administración de justicia.
Fuente: https://listindiario.com/puntos-de-vista/2022/08/29/736378/siguen-intentos-descalificar-mp
