SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) lleva a cabo su misión institucional de perseguir los delitos ambientales, una tarea que se ejecuta día a día en todo el territorio nacional, en alianza con otras instituciones y diferentes sectores de la sociedad.
En su informe, elaborado por la Dirección Técnica y la Dirección General de Prevención, Políticas Ambientales y Proyectos, correspondiente al período enero-diciembre del 2022, se resalta que “el derecho a un ambiente sano debe ser garantizado y tutelado por el Estado”.
En cumplimiento de su misión, durante el año pasado la institución, adscrita a la Procuraduría General de la República, que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito, persiguió y procesó 4,889 casos de delitos ambientales.
De esos casos, el más voluminoso y distribuido territorialmente fue el de contaminación sónica por música, con 3,918 casos, a los cuales se sumaron otros 50 por otros tipos contaminación sónica, y 251 por contaminación atmosférica.
En ese punto, cabe subrayar la colaboración de esta dependencia, en las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género del Ministerio de Interior y Policía, a través del viceministerio de Convivencia Ciudadana y Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA).
En esta labor conjunta se ha trabajado para combatir la contaminación sónica y promover la convivencia pacífica en las comunidades del país, como estrategia para la prevención de la violencia social, a través de operativos, procesos formativos e intercambios de informaciones.
Además, durante el 2022 se procesaron 217 casos por cortes y destrucción de árboles. Asimismo, 127 consistentes en una combinación de contaminación sónica y atmosférica, y 18 por contaminación hídrica. También, se persiguieron 80 casos de extracción de agregados de la corteza terrestre, y 47 de transporte ilegal de agregados.
Los restantes casos fueron: contaminación visual (5), contaminación de suelo (38), cambio de uso de suelo (22), manipulación y comercio de fauna (7), pesca ilegal (4), caza ilegal (11) y manipulación y comercio de flora (1).
También fueron registrados ocho casos por elaboración y transporte de carbón, 13 por incendios forestales y 14 por tenencia o transporte ilegal de madera. Igualmente 33 violaciones a áreas protegidas por talas de árboles y construcciones.
La Proedemaren además procesó 15 casos por ocupación de espacios públicos, dos por vertidos de desechos tóxicos o peligrosos, siete por construcción en franja marítimas, y uno por violación de licencias o permisos ambientales.
La Procuraduría Especializada destaca en su informe el fortalecimiento de una nueva categoría de los derechos humanos que describe como “derechos difusos, derechos de la solidaridad, derechos colectivos de la humanidad o derechos de las nuevas generaciones”.
De igual forma, indica que se reforzó la aplicación de la resolución alternativa de conflictos por delitos ambientales, como mecanismos proactivos y de cooperación social, que eviten, a través de un ejercicio temprano y oportuno, la escalada de estas situaciones.
