El “gran problema” de las plataformas digitales de servicios de transporte que impide que sean emplazadas y fiscalizadas es que no se encuentran establecidas jurídicamente en el país, lo que dificulta el control de sus funciones y la protección de los usuarios, explicó ayer a Diario Libre Eddy Alcántara, director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
Su declaración surge tras publicaciones en este medio en las que se plantea una problemática colectiva sobre el servicio de los conductores asociados a aplicaciones digitales, quienes están incurriendo en acciones que arremeten contra las empresas tecnológicas, afectando directamente a los usuarios.
Los reportes por el mal servicio de conductores asociados a las empresas DiDi, PedidosYa y Uber incluyen viajes iniciados sin pasajero a bordo, hurto de alimentos y artículos, reportes de viajes sin pagar, atracos e incremento de la factura.
Levantan información
“Desde marzo del 2021 estamos recibiendo denuncias de consumidores que reclaman sobre dificultades con servicios por plataformas y, desde entonces, hemos tratado de establecer un diálogo abierto con los ejecutivos de las empresas tecnológicas para buscarle una solución más efectiva a las irregularidades que expresan los consumidores”, indicó Alcántara.
Destacó que desde el departamento de Conciliación se trabaja en recopilar los datos que llegan “constantemente” para retomar las solicitudes, para hacer un encuentro con los ejecutivos de cada empresa y lograr su establecimiento jurídico en el país.
La idea es que las autoridades dominicanas conozcan en quién recaerá la responsabilidad de los incumplimientos de empresas intermediarias para la contratación de taxis y la compra de artículos y comidas, las cuales no han podido ser emplazadas por falta de domicilio y figura jurídica, precisó el funcionario.
Alcántara informó que sus primeros esfuerzos en torno al tema del uso de canales digitales incluyeron encuentros co n propietarios de negocios para externarles las quejas recibidas a través del departamento de Reclamaciones.
Pero el acercamiento fungió como canal para que los pequeños y medianos empresarios externaran algunas anomalías en los acuerdos para el traslado de los paquetes. “Las empresas de comida también reciben reclamos de sus clientes por incumplimiento de las plataformas para entregas”, apuntó.
Fiscalización
“Tenemos la obligatoriedad de estar en contacto con los representantes de esas empresas que, en la mayoría de los casos, son oficinas de abogados”, lo que dificulta el poder crear mecanismos de revisión en procura de buscarle solución a un tema recurrente, explicó Alcántara.
El director de Pro Consumidor aseguró que la entidad lleva seis meses elaborando una estrategia para poder fiscalizar a las empresas tecnológicas. Para ello considera necesario contar con el apoyo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), para una permisología que le permita a Pro Consumidor sancionar y emplazar en el ámbito del uso de la red de comunicaciones.
Será a partir de enero de 2023 cuando Pro Consumidor dé a conocer el método con el que busca prevenir las actuales situaciones que denuncian los usuarios.
“Garantizamos que a mediados de enero vamos a emitir un comunicado en el que le vamos a explicar al país los mecanismos de ejecución de una resolución que emitiremos y la forma en la que se van a establecer los procedimientos ejecutorios de dicha resolución”, aseguró Alcántara.
