SANTO DOMINGO.- Tras declarar que no hará una campaña convencional, el precandidato a diputado del Distrito Nacional, Luis José Chávez, anunció su decisión de poner en la agenda electoral una serie de temas fundamentales para debatir la razón de ser del Congreso como piedra angular del sistema democrático dominicano.
“Mejorar la calidad de la representación y la fiscalización es indispensable para que el Poder Legislativo deje de ser un simple instrumento de reparto, como se percibe en la sociedad, para convertirse en un órgano con incidencia real para generar los cambios que demanda el país”, expresó el periodista y dirigente nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Dijo que se propone aprovechar la campaña interna del PRM y eventualmente las elecciones del 2020 para plantear la situación de importantes leyes aprobadas en los últimos años que se han convertido en letra muerta sin que el Congreso se interese en asegurar su efectiva aplicación. Chávez correrá como precandidato a diputado por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional.
Explicó que una de las principales fallas del Congreso es que se limita a aprobar las leyes y no se ocupa de asegurar su adecuada socialización y divulgación pública, tal como lo establece el artículo 109 de la Constitución de la República: “Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que la ley determine y se les dará la más amplia difusión posible. Serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen conocidas en todo el territorio nacional”.
Según Chávez, en los últimos años se han aprobado y promulgado muchas leyes con gran potencial para mejorar la vida de las personas, fortalecer las instituciones del sistema y promover el desarrollo económico y social del país, que no han logrado el impacto previsto porque son prácticamente desconocidas para la sociedad y porque el Congreso no ha fiscalizado ni supervisado su aplicación.
Se refirió específicamente a la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública; la ley 352-98 de protección a la persona envejeciente; la Ley de regulación salarial 105-13; y la Ley 1-08 que establece el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (CONDEX), “que probablemente son desconocidas por 8 de 10 dominicanos”.
Pero sostuvo que la situación es mucho más grave con otras leyes de mayor transcendencia social e institucional, como la Ley 187-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social; la Ley 176-07, sobre los municipios y el Distrito Nacional, que establece la entrega del 10 por ciento del presupuesto a los ayuntamientos; y la Ley 01-12, que traza la Estrategia Nacional de Desarrollo, que registran un elevado nivel de incumplimiento.
En cuanto a la Estrategia Nacional de Desarrollo, resaltó que de acuerdo a un reciente estudio, 8 años después de su aprobación, solo se han producido avances significativos en el 22 por ciento de sus indicadores para alcanzar las metas propuestas para el 2020.
Reveló que en el Congreso existe desde hace más de 12 años una iniciativa para crear la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, originalmente propuesta por el diputado Julio Cesar Valentín, y luego por su colega Manuel Orlando Espinosa, sin lograr el interés y el apoyo suficiente para su aprobación.
Dijo que de resultar electo diputado en el 2020, rescatará esa propuesta para asumirla como una plataforma para fortalecer el rol de la fiscalización del Congreso.
Chávez, quien tiene una dilatada trayectoria como profesional de la comunicación, dirigente político, gremialista y municipalista, anticipó que sus propuestas están conectadas a los temas de institucionalidad, comunidad, turismo, población envejeciente, sector periodístico, desarrollo local y seguridad ciudadana.
Explicó que su primer compromiso es trabajar para hacer más eficientes las funciones de representación y fiscalización del Poder Legislativo, amplificando la voz de la comunidad y propiciando el cumplimiento de las leyes que favorecen el desarrollo del país.
Se trata de mostrar que los congresistas, además de proponer leyes y participar en el debate institucional del Poder Legislativo, pueden involucrarse plenamente en los asuntos de interés de sus comunidades, desde las obras de infraestructura, hasta problemas de servicios como el agua potable, la iluminación pública y la seguridad ciudadana.
Como parte de su agenda de prioridades, citó el trabajo directo con los barrios, urbanizaciones y sectores de la circunscripción 1 y del Distrito Nacional; la defensa de la institucionalidad expresada en el cumplimiento de las leyes; y un seguimiento especial a la ley 352-98 sobre protección de las personas envejecientes, así como a la injusta situación de los pensionados en la República Dominicana.
Apoyo al turismo y al desarrollo local
Igualmente asumirá la defensa del turismo como principal sector económico del país, una actividad que tiene un impacto directo en la mayoría de los sectores productivos y genera más de un millón de empleos directos, indirectos e inducidos.
En este sentido, dijo que abogará por una estrategia de Estado más proactiva para facilitar la inversión nacional y extranjera, creando las bases de infraestructura y las políticas de incentivo para que las diferentes regiones puedan desarrollar sus potencialidades e insertarse en el mapa turístico del país.
Propondrá también la defensa de una mayor asignación presupuestaria para los ayuntamientos del país, en línea con el mandato de la ley 176-07 que dispone la entrega del 10 por ciento del presupuesto nacional a los gobiernos locales.
Entiende que hay que fortalecer los niveles de transparencia, control y eficiencia en el gasto municipal, tal como lo ha puesto en práctica el alcalde David Collado en el Distrito Nacional, posibilitando al mismo tiempo que los cabildos reciban los recursos necesarios para atender las necesidades básicas de sus comunidades.
Compromiso con el sector periodístico
Luis José Chávez, quien concluye su segundo mandato como presidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), se declaró comprometido con la creación de un estatus legal que sustente los planes de salud, la seguridad social y el retiro digno de los periodistas dominicanos, para lo cual debería propiciarse un acuerdo que involucre al Estado, a las empresas periodísticas y a los principales gremios y asociaciones del sector.
Consideró que las implicaciones éticas y la naturaleza nómada del oficio periodístico, hacen muy difícil que un profesional de la comunicación pueda acumular méritos para reclamar una pensión con un empleador determinado, por lo que cientos de periodistas se ven obligados a trabajar hasta edades muy avanzadas o a retirarse del ejercicio en completo estado de indefensión, hasta que el presidente de turno decida otorgarle una pensión, generalmente insuficiente.
Resaltó que el periodista Juan Modesto Rodríguez, de 65 años de edad, enfermo y abandonado a su suerte después de cuatro décadas de ejercicio profesional, se ha convertido en una denuncia viviente que retrata la dura realidad de la clase periodística dominicana cuando le llega la hora del retiro.
Sostuvo que en casi tres décadas de vigencia, el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) creado mediante la ley 10-91, no ha respondido mínimamente a las necesidades esenciales de los periodistas y no hay razones para asumir que esa situación pueda cambiar mientras se mantenga el mismo esquema legal que lo sustenta.
Dijo que desde el Congreso auspiciará y apoyará las iniciativas que permitan la concertación de un acuerdo para sustentar la seguridad social y el plan de retiro de los periodistas, ya sea mediante la adopción de mecanismos adicionales para hacer cumplir la ley 10-91, la actualización del marco legal en el contexto de las nuevas plataformas de la comunicación digital y la especialización de un porcentaje de la publicidad pagada por el Estado, donde la DGII actúe como agente de retención, entre otras posibilidades.
