SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, celebró este domingo su XXVII Asamblea General, en la cual se renovaron los integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización de la sociedad civil.
En el marco de esta Asamblea, Participación Ciudadana, proclamó el 2021 como el “Año por la independencia de los órganos de control, persecución y sanción de la corrupción administrativa”, ya que consideran ha llegado la hora de la independencia de los órganos responsables de controlar los recursos públicos, así como de aquellos que son responsables de la investigación, persecución y sanción de la corrupción administrativa.
A través de esta proclama la Asamblea del movimiento cívico, llamó al Congreso Nacional a ejercer sus obligaciones constitucionales de fiscalización y control de las actividades del Poder Ejecutivo, indispensables dentro del sistema de frenos y contrapesos diseñado en nuestra Constitución, y que ha sido vergonzosamente abandonado por intereses puramente partidarios, con los consabidos resultados de incremento de la corrupción y la impunidad.
“Los nuevos legisladores tienen en sus manos la oportunidad de revertir esta nociva tradición y han dado un primer paso positivo al aprobar la iniciativa del senador Antonio Taveras de exigir que ministros y directores informen las condiciones en que encontraron sus respectivas instituciones al momento de sus designaciones para evitar cualquier percepción de borrón y cuenta nueva”, señala la proclama.
Los integrantes de la Asamblea, resaltaron que el momento es de oportunidad, pues el primer paso debe ser la designación de nuevos miembros de la Cámara de Cuentas que gocen de credibilidad, capacidad e independencia y tengan la fortaleza de carácter para saber que por encima de ellos solo se encuentran la Constitución y las Leyes.
“La Cámara de Cuentas debe ser objeto de un proceso de limpieza moral y técnica debido a la escandalosa negligencia con la que han actuado hasta ahora, con claros visos de corrupción, lo que justifica la investigación en curso de sus actuales miembros y la aplicación del régimen de consecuencias existente”, sostiene el movimiento cívico.
La proclama de Participación Ciudadana, subraya, además que el Ministerio Público debe terminar de salir del oscuro período en que fue sumido durante la gestión anterior con la finalidad de reconstruir la credibilidad y confianza perdidas, y dejar de contribuir a la denominada jurisprudencia de la corrupción.
“En un esfuerzo general de dotar de independencia a los órganos de control, de persecución y de sanción de la corrupción administrativa no se puede dejar de lado al Poder Judicial que ha sido parcialmente responsable del incremento de la impunidad debido a la infiltración de personas que llegan a los tribunales con la finalidad de proteger a corruptos, sean estos del sector público o del sector privado, o incluso a antiguos compañeros de partido, sin importar la existencia de claros conflictos de intereses”, destaca el comunicado de prensa.
Participación Ciudadana entiende que debe construirse una agenda con iniciativas que contribuyan a fortalecer la independencia de los órganos de control, investigación y sanción de la corrupción, que asegure una integración más equilibrada del Consejo Nacional de la Magistratura, que proteja la inamovilidad de jueces y fiscales, a través del fortalecimiento de sus respectivas carreras y que solo jueces de carrera puedan llegar a la Suprema Corte de Justicia, que se cumpla eficazmente la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria tanto del Ministerio Público como del poder judicial y que se perfeccionen las evaluaciones que se realizan sobre los(as) candidatos(as) que aspiran a llegar a las altas cortes y a los órganos de control, respetando el equilibrio de género que manda la Constitución.
Exhortamos al presidente Luis Abinader a actuar con la presteza y firmeza que se corresponde con su discurso electoral ante las denuncias de irregularidades en el uso de fondos públicos que tempranamente han aparecido en la presente gestión, incluyendo prácticas clientelares tan criticadas por el partido de gobierno cuando estaba en la oposición.
