SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico, Participación Ciudadana, consideró crucial para la vida democrática del país continuar y concluir definitivamente el proceso de reforma de la Policía Nacional que se inició en el año 2012 y avanzó hasta la elaboración de la Ley Orgánica de la Policía Nacional en el 2016, de la cual están pendientes 19 de 20 reglamentos.
Dijo que los recientes acontecimientos ocurridos en el país, especialmente el acribillamiento de una pareja de jóvenes esposos en Villa Altagracia, terribles golpizas a ciudadanos, cientos de abusos al amparo del estado de emergencia han indignado a la ciudadanía que ve con profunda decepción, y pesar que la presente gestión del cuerpo policial se acoge a los viejos métodos que tantas vidas y sufrimientos han costado.
A través de comunicado prensa, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana señaló que aspectos tan relevantes de la Ley de la Policía como la reducción del número de oficiales generales y superiores, la descentralización de las unidades y el fortalecimiento de las unidades investigativas ni siquiera son citadas entre las preocupaciones del Ministerio de Interior y Policía ni de la propia Policía Nacional.
La organización de la sociedad civil aseguró que lo único visible de ese proceso de reforma es el cambio de tratamiento de jefe a director de la Policía, pero que ha prevalecido una política criminal que se estableció desde el año 1998, fecha a partir de la cual cada jefe o director de la uniformada establece su propio récord de muertes en «intercambios de disparos» o cualquiera otra situación violenta en perjuicio de la ciudadanía.
“Volver a hablar de reforma o de un plan de seguridad cuando ninguna de las reformas anteriores de la policía ha sido evaluada para saber qué ha pasado con esos procesos es embarcarse en otra crónica de una muerte anunciada”, expresa la organización en un documento público.
El movimiento cívico entiende que después de seis periodos presidenciales, tres presidentes de la República, dos planes de seguridad ciudadana y un gasto de miles de millones de pesos, la única política real de continuidad del Estado ha sido la violencia policial con un costo de más de tres mil vidas, por lo que ha llegado el momento de cero tolerancias contra los excesos policiales. Las consecuencias no deben detenerse en los que aprietan el gatillo, sino también alcanzar a quienes imparten instrucciones, puntualizó.
Respecto a la designación de una nueva comisión para la reforma policial, Participación Ciudadana, consideró que lo mandatorio es cumplir la ley. “Urge a los actores políticos clave a cumplir con el imperio de la ley y que el Consejo Superior Policial se aboque a diseñar una política preventiva e investigativa acorde con el siglo XXI. No obstante, deseamos éxitos a los trabajos de esa comisión, a cuyas acciones les estaremos dando seguimiento”, resalta el comunicado.
