El movimiento no partidista Participación Ciudadana abogó para que en el proyecto de reforma constitucional se excluya a República Dominicana del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), debido a que sirve como refugio de funcionarios corruptos bajo el manto de la inmunidad parlamentaria
Aseguró que la revisión del artículo 27 de la Constitución sobre la participación del país en los parlamentos internacionales evitaría además gasto innecesario que se destinan a esos congresistas.
Asimismo, respalda la propuesta de reducir la matrícula de diputados a un tope máximo de 110, sobre la base de circunscripción territorial, no sujeto al aumento poblacional.
Con respecto a los 20 diputados por votación acumulativa a nivel nacional, indicó que debe quedar claro que los mismos se distribuirían solo entre los partidos que no logren representación congresual y obtengan más del 1% de los votos.
Entiende que eso permitiría la entrada al Congreso Nacional de ciudadanos que siendo minoría, pueden hacer “importantes aportes” al país y dar oportunidad a la diversidad.
“Sabemos que esta reducción de la cantidad de diputados va a crear y ya está creando, cierto rechazo de algunos representantes de los partidos políticos que se benefician de la actual situación, pero aspiramos a que esta propuesta del presidente sea respaldada”, precisa el comunicado.
Dijo que ese punto de la iniciativa cuenta con mayor apoyo popular debido a que ha sido un reclamo nacional y a su juicio, sería un gesto de desprendimiento y un paso de avance muy significativo en el orden de la reducción de los gastos y beneficios que actualmente disfruta este sector.
Elecciones
El movimiento no partidista favoreció que en la reunificación de las elecciones, volver a lo establecido en la reforma del 1994, de separación de dos años entre las municipales y congresuales y las presidenciales.
Dijo “hoy, más que nunca, sigue siendo importante reducir el nivel de arrastre, para mejorar la independencia de los gobiernos locales y del propio Poder Legislativo”.
Argumentó que el actual modelo, de separación de tres meses en el mismo año ha fracasado “primero porque no disminuye el arrastre, más bien lo aumenta, segundo porque la concentración de tanto trabajo en un período tan corto agrega riesgos en los aspectos administrativos y logísticos de la Junta Central electoral, así como en las decisiones del Tribunal Superior Electoral, que pueden afectar seriamente ambas elecciones, como ocurrió en el 2020”.
Puntualizó que los señalamientos en cuanto al costo y el esfuerzo que conlleva celebrar elecciones cada dos años no deben ser el aspecto prioritario a tomar en cuenta frente a la necesidad de fortalecer los gobiernos municipales que pueden ser subsanados con efectivas medidas para reducir los tiempos de campaña a solo tres meses y hacer cumplir las disposiciones de las leyes electorales.
Reelección
Asimismo, apoyó la propuesta del presidente Abinader de mantener el sistema actual que permite al presidente de la República optar por un segundo período y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia.
También respaldó que para reforzar esa disposición se incluya un nuevo artículo, que sería el 278, que dispondría que ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato, cuando ésta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia en el cargo que ocupa.
Además “esto se completaría con una disposición transitoria de que el presidente elegido en el 2024, es decir, él mismo, no podrá repostularse en el siguiente período ni en ningún otro”, sostiene.
En cuanto a la independencia de la Procuraduría General de la República, Participación Ciudadana entiende que la propuesta del presidente Abinader reúne dos factores que podrían contribuir al objetivo que se persigue.
Destacó que estos son: “que el presidente de la República proponga a la persona y que el Consejo Nacional de la Magistratura lo designe. Se reduce de esta manera el nivel de discrecionalidad pues el presidente deberá proponer a alguien que sea aceptable para la mayoría del Consejo”.
Agregó que el Segundo factor es que la persona propuesta no haya ocupado cargo directivo en partido alguno, no haya sido candidato a algún cargo de elección popular ni haber realizado proselitismo político notorio y constante durante los últimos cinco años anteriores a su designación. También apoyamos la propuesta de exclusión del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura.
Sin embargo, el movimiento no partidista no está de acuerdo con la reducción a dos años de la inamovilidad del Procurador General, ya que esto pone en riesgo su independencia y permitiría que pueda ser removido de su cargo a los dos años, como castigo a quien no resulte conveniente a los intereses del Poder Ejecutivo o de otros sectores.
“La inamovilidad de jueces y fiscales es la columna vertebral de la independencia del Poder Judicial, por lo que debe ser lo más amplia posible, al menos por 4 años y solo destituible por juicio político”, advierte.
Participación Ciudadana apoya también la propuesta de modificación del artículo 169 para concentrar al Ministerio Público exclusivamente en su función de órgano responsable de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
Añade que de esta manera todas las otras funciones actuales del Ministerio Público, como la política preventiva contra los crímenes y delitos, administración de las cárceles, registro de notarios, de certificados de buenas conductas y el abogado general de la administración pública, entre otras, pasarán al ministerio de justicia una vez sea creado por ley, cambios que deberán fortalecer los resultados de este poder del Estado y contribuir con la reducción de la impunidad, la protección de derechos y el acceso a la justicia.
Participación ciudadana invita a la sociedad civil a expresar sus posiciones sobre la propuesta de modificación a la Constitución y mantiene la esperanza de que la Asamblea Nacional ponga en alto los intereses nacionales por encima de cualquier interés particular.
