Después de pasarse años inyectándose en la calle y en techos, se encontraba en uno de los dos primeros “centros de prevención de sobredosis” que funcionan en Estados Unidos, en los que las autoridades permiten que los adictos se droguen en condiciones menos riesgosas.
Los centros cuentan con personal y equipo que permite revertir las sobredosis. Constituyen una respuesta tan osada como cuestionada a la ola de muertes por sobredosis de opioides que sufre el país.
Los partidarios de esta iniciativa dicen que es un aporte humano y realista en medio de la peor crisis asociada con el consumo de drogas en la historia de Estados Unidos. Sus detractores afirman que es algo ilegal y derrotista, que ignora el daño que causan las drogas en los consumidores y las comunidades.
Para Collado, de 53 años, la sala que usa regularmente es “una bendición”.
“Siempre se preocupan por uno, te atienden”, expresó.
“Se aseguran de que no morirás”, acota su amigo Steve Báez, de 45 años y que estuvo un par de veces al borde de la muerte.
En sus primeros tres meses de funcionamiento en dos barrios con grandes comunidades de hispanos, el East Harlem y Washington Heights, el programa respondió a más de 150 sobredosis. Recibió unas 800 personas, que hicieron en total 9.500 visitas. Este mismo año ampliarán sus operaciones y funcionarán las 24 horas del día.
“Ofrecen un ambiente apacible, que le gente puede usar en forma segura y seguir viva”, dice Sam Rivera, director ejecutivo de OnPoint NYC, la organización sin fines de lucro que maneja los centros. “Servimos a personas que mucha gente considera descartables”.
Los centros de consumo de drogas en forma supervisada son una novedad en Estados Unidos, pero funcionan desde hace décadas en Europa, Australia y Canadá.
Varias ciudades de Estados Unidos y el estado de Rhode Island aprobaron la idea, pero ninguna abrió un centro hasta que Nueva York lo hizo en noviembre.
El anuncio de la apertura de los dos centros se produjo seis semanas después de que la Corte Suprema confirmase el fallo de un tribunal que dictaminó que un centro de este tipo que se planeaba abrir en Filadelfia era ilegal, según una ley federal de 1986 que prohíbe sitios de consumo de drogas ilegales.
El Departamento de Justicia, no obstante, indicó el mes pasado que probablemente deje de combatir estos centros.
La única representante republicana de Nueva York, Nicole Malliotakis, promueve el cierre de lo que considera “galerías de consumo de heroína que lo único que hacen es alentar el uso de drogas y deteriorar nuestra calidad de vida”.
Propone negar fondos federales a toda entidad privada, estatal o municipal que “opere o supervise” centros de inyecciones seguras.
Otra representante de Nueva York, la demócrata Carolyn Maloney, en cambio, impulsa una iniciativa por la que el estado financiaría estos centros. Sus administradores dicen que actualmente los centros de Nueva York son financiados por donaciones privadas, aunque con el apoyo de agrupaciones que reciben fondos de la municipalidad y el estado para financiar sus actividades, incluidas terapias y otros servicios.
