La junta militar de Myanmar anunció este jueves la liberación de casi 6.000 presos, entre ellos una ex embajadora británica, un asesor australiano del derrocado gobierno de Aung San Suu Kyi y un periodista japonés.
Los tres extranjeros “fueron indultados y deportados”, dijo la Junta en un comunicado, sin especificar cuándo se producirá la deportación.
La ex diplomática Vicky Bowman, el asesor económico australiano Sean Turnell y el periodista japonés Toru Kubota “serán puestos en libertad con motivo de la fiesta nacional”, que se celebra el jueves, dijo un alto funcionario a la agencia de noticias AFP.
Sean Turnell, asesor económico de Aung San Suu Kyi LINKEDN
La decisión es una rara señal de apertura por parte de los militares, que llegaron al poder con un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021.
Miles de personas han sido encarceladas en la sangrienta represión de la disidencia que siguió al golpe.
Tres autobuses que transportaban a los presos indultados salieron de la prisión de Insein, en Rangún, poco después de las 15h00 horas locales (08h30 GMT) y pasaron por delante de una multitud de 200 personas, indicaron periodistas de la AFP en el lugar.
Una mujer, que no quiso revelar su identidad por miedo a las represalias, estaba esperando a su marido, que había cumplido la mitad de su condena de tres años de prisión por fomentar la disidencia contra el ejército.
“Antes era partidario del USDP (el partido respaldado por el ejército). Después del golpe, se unió a las protestas”, dijo la birmana, que afirmó estar “muy orgullosa de él”.
“En total, 5.774 presos, entre ellos unas 600 mujeres, serán liberados”, aseguró el régimen, sin explicar cuántos de los indultados habían sido detenidos durante la represión militar de la disidencia.
La liberación de presos había sido reclamada durante meses por las organizaciones de derechos humanos, que condenan las políticas de una junta acusada de sumir al país en un sangriento conflicto desde el golpe de Estado.
Según una ONG local, más de 2.300 civiles murieron a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado.
La Junta culpa por su parte a la oposición armada de la muerte de más de 3.900 civiles.
