El anuncio de restricciones a los viajeros que lleguen a Pekín y Shanghái procedentes de países con brotes severos y el de que Australia puede detener y obligar a hacerse las pruebas de acuerdo a su ley de Bioseguridad anticipan la inminente aplicación de drásticas medidas para contener la expansión del coronavirus, que ya es mayor fuera que en el interior de China, que hoy registró el menor número de nuevos contagios desde enero, 125.
Este dato de la Comisión Nacional de Sanidad china supone una caída de 77 nuevos contagios respecto al día anterior, lo que Pekín interpreta como una estabilización de la situación en suelo chino, apuntalada por el hecho de que el número de pacientes curados y dados de alta (47.204) sobrepasa dese hace días el de contagiados activos (30.004).
Dada esa mejoría notable -también se mantiene la tendencia de que todos los decesos certificados se produjeron en la provincia de Hubei, que cuenta con varias ciudades en cuarentena desde hace semanas y cuya capital, Wuhan, es el epicentro del brote-, la prioridad de las autoridades chinas es ahora ‘protegerse contra la importación’ de contagios desde otros países.
Los gobiernos locales de Pekín y Shanghái impondrán una cuarentena de 14 días a todos los viajeros que lleguen a sus ciudades procedentes de países o regiones ‘severamente afectadas’ por la epidemia, como Corea del Sur, Japón, Irán e Italia, país en el que precisamente está el origen de los 7 casos registrados hoy en la provincia oriental china de Zhejiang.
El anuncio, que supone un cambio respecto a lo comunicado hasta ahora, se produce después de que China informase ayer de 11 nuevas infecciones fuera de la provincia de Hubei, de las que ocho correspondían a ciudadanos chinos que regresaron de un país extranjero.
En la capital, la cuarentena deberá hacerse en el domicilio y de acuerdo con las reglas del respectivo complejo residencial o, en caso de no disponer de domicilio fijo en la capital, en un hotel, mientras que el Gobierno de Shanghái precisó que los viajeros podrán elegir entre pasar la cuarentena en sus domicilios o acudir a lugares habilitados a tal fin.
En Australia, el fiscal general, Chistian Porter, anunció hoy que las autoridades podrán obligar a personas de riesgo a hacerse las pruebas e imponerles restricciones de movimiento o detenerlas mediante la aplicación de la Ley de Bioseguridad, lo que puede colocar a los australianos en ‘circunstancias que no han vivido antes’.
En unos dos meses, el uso de la ley podrá ser ‘importante’, explicó el fiscal general, Christian Porter: se podrán ‘prevenir los movimientos de entrada y salida de personas en ciertos lugares’ e incluso detener a quien se niegue a practicarse las pruebas, aunque ‘sería el último recurso’.
El anuncio se produce tres días después de que se produjera en Australia la primera muerte por el nuevo coronavirus, un hombre de 78 años evacuado del crucero Diamond Princess en cuarentena en Japón, con un total de 33 contagios detectados en todo el país, y horas después de que la Reserva Federal anunciara la rebaja al 0,5 % de los tipos de interés para contener las consecuencias negativas de la epidemia en la economía australiana.
En Corea del Sur, el brote sigue concentrado en torno a Daegu (sureste del país), que, junto a la circuncande provincia de Gyeongsang del Norte, epicentros del foco, registraron la inmensa mayoría de casos, 580 de los 600 reportados en todo el país.
A pesar de una nueva muerte en las últimas horas, que sitúa en 29 el total de fallecimiento en el país asiático ligadas al patógeno, el hecho de que esa región compute en torno al 89% de todas las que se han producido en Corea del Sur desde que el virus se detectó por primera vez el pasado 20 de enero, ayuda a tranquilizar a la población y las autoridades surcoreanas.
Para combatir la saturación sanitaria en la región sureste el Gobierno ha empezado a clasificar a partir de ahora a los nuevos infectados en cuatro grupos, para diferenciar entre los cuadros clínicos de más a menos graves, y priorizar así la hospitalización de los casos más severos.
La epidemia también está teniendo consecuencias económicas y el ministro de Finanzas, Hong Nam-ki, reveló que el Gobierno prepara un presupuesto extra de más de 10 billones de wones (7.540,6 millones de euros/8.379,6 millones de dólares) para combatir sus efectos y que espera que la epidemia recorte en dos décimas el crecimiento anual del país hasta el 2,1 %, en línea con lo que dijo el Banco de Corea (BoK) hace unos días.
Las autoridades iraníes han recibido ayuda médica internacional para frenar el avance del coronavirus que, según las cifras difundidas este martes, ha causado ya 77 muertos de los 2.336 contagiados en el país y ha afectado al propio jefe del Servicio de Emergencias, Pir Hosein Kolivand, quien se encuentra ‘bien y está bajo tratamiento’, según su propia organización.
Entre las autoridades iraníes hay varios casos de contagio, desde la vicepresidenta para Asunto del la Mujer, Masumeh Ebtekar, a un viceministro de Salud, Iraj Harirchí, y varios diputados.
Para ayudar a controlar la epidemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enviado a Irán una misión de expertos y un avión militar desde Dubái con 100.000 equipos de diagnóstico del virus y 15.000 trajes protectores para trabajadores sanitarios que atienden a los contagiados, según la OMS.
Francia, el Reino Unido y Alemania también han anunciado que enviarán mañana a Teherán equipos de diagnóstico y trajes de protección, entre otros, además de proporcionar a las autoridades unos cinco millones de euros a través de la OMS y otras agencias internacionales.
Irán está siendo muy golpeado por el coronavirus en un momento de fuerte crisis económica debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que dificultan asimismo la importación incluso de medicamentos.
Fuente: EFE
