LA VEGA. -l Ministerio Público de este distrito judicial presentó ante un tribunal pruebas fehacientes que llevaron a una jueza a imponer prisión preventiva a dos hombres acusados de dedicarse a la trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de siete menores de edad.
A Juan José Mota Almánzar le impusieron 18 meses de prisión preventiva y a Franklin Collado Rosario (El Cojo y/o Niño) tres meses, que ambos deberán cumplir en la cárcel pública de La Vega.
La jueza Wendy De Jesús Mueses dictó la prisión preventiva y declaró el caso complejo, luego de que el Ministerio Público presentara evidencias que vinculan a los imputados a los delitos de agresión sexual, proxenetismo y trata de personas contra las menores de entre 12 y 17 años de edad.
La solicitud de coerción hecha por la Fiscalía de La Vega, a través de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, establece que el pasado 9 de septiembre una de las víctimas fue reportada por su padre como desaparecida ante la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en esta localidad.
Posteriormente la menor reportada como desaparecida regresó a su residencia, procediendo luego su madre a interponer formal denuncia ante el Ministerio Público contra los dos imputados.
La investigación del hecho arrojó pruebas que llevaron al arresto de los imputados bajo la imputación de que se dedicaban a la trata de menores de edad.
Los padres de las víctimas denunciaron a las autoridades que sus hijas han sido víctimas de delitos sexuales por parte de los encartados y que varias de ellas fueron seducidas y sustraídas de sus residencias mediante engaño.
La Fiscalía explicó que el entramado delictivo consistía en que Franklin Collado buscaba a las menores de edad y las llevaba a la casa de Juan José Mota, quien pagaba a las víctimas a cambio de favores sexuales y, también, les ofrecía dinero a las amigas que les llevaran para los mismos fines.
El órgano del sistema de justicia ocupó pruebas documentales, periciales y testimoniales que vinculan a los imputados a la actividad criminal.
Dijo que profundiza la investigación del caso al que otorgó la calificación jurídica de violación a los artículos 59, 60, 330, 334, 354 y 355 del Código Penal Dominicano; los artículos 1, 12, 18 y 396 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley136-03) y los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
